Ni José Montilla ni Artur Mas quieren que el Tribunal Constitucional (TC) emita un fallo sobre el Estatut antes de las elecciones que pueda liberar al PP o dar alas al soberanismo de Esquerra. La estrategia de ambos pasa por denunciar con fuerza la situación del actual tribunal y, si es posible, ganar tiempo forzando su renovación dado que cuatro de sus miembros llevan tiempo con el mandato vencido. Por eso el president Montilla va a contactar esta semana con los líderes de los partidos catalanes para estudiar cómo forzar al PSOE y al PP a renovarlo o, como mínimo, impedir que emita una sentencia que se intuye contraria al Estatut.

De las opciones unitarias (sólo el PP y Ciudadanos quedarían fuera) parecen más que asequibles las que pasan por los acuerdos simbólicos en el Parlament. Otra cosa es pasar a mayores. O lo que es lo mismo, que el PSC asuma compromisos que lo pongan en contradicción con el PSOE, que secunda la opción del PP de no renovar ahora el TC.

El Parlament exigirá un nuevo TC y puede volver a pedir recusaciones

Se da por hecho, a tenor de lo que afirmó ayer la responsable de desarrollo estatutario del PSC, Laia Bonet, que el viernes la Cámara catalana exigirá al PSOE y al PP renovar el TC, como propuso CiU. De los dos grandes partidos depende el relevo de los magistrados, dado que suman los dos tercios de votos necesarios en las Cortes. Montilla también barajará con los partidos recusar a los cuatro jueces que han acabado mandato. Esta opción no tendría visos de prosperar dado que, guste o no, la situación es legal.

Por eso CiU e ICV pusieron ayer encima de la mesa una iniciativa que, de prosperar, sí puede tener efecto real. Volverán a proponer en las Cortes que se modifique la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que los magistrados que lleven más de seis meses con el mandato caducado sean apartados de la toma de decisiones. Esta medida que se podría tomar sin el concurso del PP afectaría a cuatro de los diez jueces que deben dictar el fallo del Estatut, una progresista (la presidenta, María Emilia Casas) y tres conservadores (entre ellos, el nuevo ponente, Guillermo Jiménez).

Los nacionalistas buscan de nuevo con ahínco el choque PSC-PSOE

Los convergentes defendieron que el 'frente catalán' se edifique 'sin protagonismo de ningún grupo'. ERC fue el primer grupo en proponer una medida de este tipo en Madrid. A Joan Ridao se unió CiU, y ambos textos se debatieron el pasado 16 de marzo en el Congreso. El resultado fue demoledor: el PSOE (incluidos los 25 diputados del PSC) y el PP dijeron que no y sólo las minorías apoyaron a los nacionalistas en el intento de forzar la renovación del TC.

En el PSC subrayaron que debe ser Montilla quien marque la estrategia del PSC y del resto de partidos, y pusieron en valor 'los gestos políticos' más allá de los que pasan por 'desgastar la relación entre el PSOE y el PSC'. Los socialistas catalanes intentarán, 'de forma discreta', que el PSOE revise su actitud.

El president insistió en buscar una posición 'unitaria y común' con el resto de partidos para una renovación 'inexcusable' y culpó de la situación al PP y a Federico Trillo, 'un personaje siniestro'.