20.000 personas afectadas; 75 millones de euros recaudados. Son los grandes números de la subida del impuesto de la Renta (IRPF) que la Generalitat aplicará a partir de 2011 a quienes ingresen más recursos por la vía del salario. Hay un tercer dato determinante para los interesados: 120.000 euros. Es el límite de rentas a partir del cual se aplicará la reforma y el epicentro de la última discusión en el seno del Gobierno catalán. Como pasó con la reciente reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones, otra vez Iniciativa per Catalunya ha conseguido alterar al PSC y, sobre todo, al conseller de Finances, Antoni Castells.

Ayer, no obstante, el conseller no mostró ningún signo contrario a la reforma después de la reunión del Govern. Al contrario. La defendió como una 'fórmula de carácter permanente', que 'demuestra dijo que hay buena armonía en el Govern en los temas importantes'. Ese último comentario provocó no pocas risas incrédulas entre los periodistas que asistían a la rueda de prensa.

La medida afectará a 20.000 personas y permitirá ingresar otros 75 millones

En todo caso, la defensa del incremento impositivo del Govern llega en un momento en el que el dogma presupuestario de las administraciones públicas ha dado un giro de 180 grados. Hace un año se abogaba por estímulos fiscales para intentar incentivar una actividad económica que estaba en punto muerto y en rampa. Ahora se habla de procesos de consolidación fiscal para salvaguardar las finanzas públicas, después del primer acto de la tragedia griega. El conseller cuenta ahora además con la ventaja de que incluso el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se plantea implantar 'figuras tributarias similares' a los más ricos, aunque tampoco ha concretado nada.

Incluso Castells, muy quisquilloso a la hora de llevar a cabo reformas fiscales por sus consecuencias, quitó ayer hierro a la posibilidad de que las grandes rentas dejen Catalunya para sortear la reforma impositiva, como los técnicos de su departamento habían predicho hace escasos años a raíz de la reforma del impuesto de Sucesiones iniciada en la Comunidad de Madrid, y para la cual el conseller reclamaba una equiparación en Catalunya o una armonización en toda España. Aunque sólo sea por 75 millones de euros, una cantidad discreta si se tiene en cuenta que el recorte presupuestario de la Generalitat previsto para 2010 es de 1.670 millones de euros.

Para llevar a cabo la reforma, el Gobierno catalán creará dos nuevos tramos en los que situará a los más ricos. Actualmente, las rentas de más de 100.000 euros tributan un 43% de sus ingresos. La Generalitat prevé que, a partir de 2011, los que ganen entre 120.000 euros y 175.000 euros al año (casi 11.000 personas) asuman dos puntos más a cuenta del tramo autonómico, por lo que pasarán a tributar un 45%. Las nóminas anuales superiores a los 175.000 euros (8.500 personas), por su parte, tendrán dos puntos adicionales, alcanzando el 47% de tributación.

La reforma seguirá a la subida de transmisiones patrimoniales

La reforma fiscal acordada por el Tripartito ayudará ligeramente a reducir el déficit que sufre la Generalitat, y que se ha acrecentado en los últimos años como consecuencia de la caída de los ingresos por la vía impositiva. Pero los 75 millones de euros que permitirá ingresar la reforma del IRPF contribuirán poco a reducir un déficit que en 2010 tenía que alcanzar, según las previsiones iniciales, 6.370 millones de euros, un 3,25%.

La otra reforma, el incremento de un punto del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, del que sólo se librarán las viviendas protegidas, y del impuesto de matriculaciones permitirá ingresar otros cien millones de euros en las arcas de la Generalitat.