A muchos de los pequeños traficantes de drogas extranjeros, más conocidos como muleros, se les cayó la expresión de felicidad de la cara ayer cuando, tras poner el pie en la calle después de ser excarcelados gracias al nuevo Código Penal, vieron cómo les esperaba la Policía a la salida de prisión para expulsarles de España siguiendo lo establecido por la Ley de Extranjería. Para estas personas, en su mayoría inmigrantes sin papeles que fueron detenidos en su día en aeropuertos con bolas de droga en el interior de su cuerpo, su estancia en España habrá transcurrido entre el propio aeropuerto, la prisión y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) al que irán a parar ahora y del que saldrán con destino al aeropuerto para ser repatriados.

La aplicación de la nueva norma, que acaba con las penas 'demasiado altas y desproporcionadas' de hasta nueve años de prisión para los muleros (en muchos casos mujeres jóvenes) y otros pequeños traficantes, afectaba hasta el mediodía de ayer a 408 personas, según fuentes de Instituciones Penitenciarias.

408 pequeños traficantes han recibido la orden de excarcelación

En su mayoría llevaban ya varios años en prisión y les será aplicado el artículo 57 de la Ley de Extranjería, que ordena la expulsión de los inmigrantes sin papeles que tengan antecedentes penales en España. Además, en muchos de estos casos, la estancia en prisión para estos extranjeros, que no suelen tener antecedentes anteriores a su delito de tráfico de drogas, es más dura que para los españoles, ya que 'no conocen a nadie' y no tienen arraigo en el país, según las mismas fuentes.

Según explicó Francisco Solans, miembro de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, lo normal es que los detenidos sean puestos a disposición judicial para que se dicte su orden de expulsión.

Francisco Solans, abogado: 'Las cosas se han hecho bastante mal'

Después, dado lo complicado de encontrar plazas en vuelos en estos días, lo más previsible es que sean dirigidos a un CIE hasta que puedan ser devueltos a sus países de origen. 'Las cosas se han hecho bastante mal', señala Solans, que considera que si las autoridades hubieran actuado con más 'planificación', teniendo en cuenta el plazo de seis meses de vacatio legis hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal, se podía haber evitado que estas personas, que en su mayoría cumplían penas que se han demostrado desproporcionadas, sufran ahora una 'prolongación de la privación de libertad' de hasta 60 días en los CIE hasta que se les pueda expulsar. A su juicio, tratándose de una actuación legal, la forma en que se va a expulsar a estos extranjeros es 'cuestionable', máxime cuando algunos de ellos 'ni saben lo que va a ocurrir' cuando ponen el pie en la calle. Solans explicó que, en el caso de un cliente suyo nieto de españoles y excarcelado ayer, fue necesaria la intermediación del Defensor del Pueblo para evitar su expulsión.

La catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla tampoco pone objeciones a la legalidad del procedimiento empleado, si bien recuerda que, según el marco legal vigente, expulsar a personas en esta situación 'no es obligatorio', máxime teniendo en cuenta que, según el propio Tribunal Supremo, estaban cumpliendo penas desproporcionadas. 'Es más una cuestión de voluntad política', explica.

El propio presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer, animó ayer a 'castigar de verdad' el tráfico de drogas a gran escala y que se 'tengan en cuenta las necesidades imperiosas' de los muleros y pequeños traficantes, informa Europa Press. Carnicer ha explicó que en las cárceles llama la atención 'la cantidad de niñas muy jóvenes de 20 o 22 años' cuyas 'necesidades imperiosas', en ocasiones por el elevado número de hijos que tienen, 'les han llevado' a cometer delitos de este tipo, que acarrean 'penas excesivas'.