'Mama Rita me roba, me roba cada vez más'. Al ritmo de la conocida canción 'Mamachicho', que había marcado la infancia de la mayoría de los presentes, un grupo de indignados protagonizaron una protesta frente al domicilio de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Fue el colofón con el que un nutrido grupo de jóvenes decidió acabar la manifestación que el 15-M organizó el pasado 19 de junio.

Mientras los manifestantes se entregaban a la protesta desde la calle, una enfurecida alcaldesa llamaba al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. 'Es una sinvergonzonería intolerable', declaró a la agencia Europa Press. En los días siguientes, Barberá criticó la inacción de la Delegación del Gobierno ante lo sucedido, que ella consideró una agresión. Más de un mes después, la alcaldesa recordó públicamente, todavía irritada, que entre los gritos que le profirieron escuchó un '¡Muérete Rita!'.

Aquella misma noche, con los gritos de los indignados todavía colándose por las ventanas de su vivienda, la primera edil arrancó del ministro el compromiso de investigar lo sucedido. Tres semanas después, una carta llegó a la vivienda de Adoración Guamán, abogada, militante de IU y una de las caras más conocidas del 15-M en Valencia. La misiva contenía una multa por una infracción de la ley de Seguridad Ciudadana en la manifestación del 19 de junio. La cuantía a satisfacer, según la carta, se establecería entre los 300 y los 6.000 euros. Finalmente han sido 300.

Guamán está convencida de que la sanción responde 'al intento de la Delegación por calmar a la alcaldesa, y por visualizar que se hace algo por compensarla'. Explica que su sanción ha sido tramitada con una rapidez sorprendente, por delante, incluso, de otras multas impuestas el mismo día.

Sobre todo, considera que la multa es injusta. En el expediente, la Policía la acusa de haberse identificado como convocante de la manifestación y de permitir que esta se desviara del recorrido previamente autorizado pese a que los agentes le pidieron que lo evitara. La versión de la abogada es totalmente diferente. Afirma que un policía le pidió sus datos al principio de la marcha. Pero afirma que ella le repitió varias veces que no era la portavoz. Niega también que la Policía se dirigiera a ella en ningún otro momento durante la marcha. 'De poco hubiera servido. Con mi metro sesenta no sé cómo iba a obligar a la gente a que fuera por un sitio u otro', se pregunta.

Ayer, Guamán acudió a la Subdelegación del Gobierno en Valencia para presentar su enésimo recurso a la multa. Explicó que su objetivo es demostrar que se está vulnerando su derecho a manifestarse. Dijo, además, que su caso no es el único: contabiliza otras treinta multas a otros tantos indignados por supuestas infracciones semejantes a la suya. Por su parte, la Delegación negó ayer cualquier irregularidad en la tramitación de la multa: 'Los expedientes ni se agilizan ni se retrasan porque ambas cuestiones serían contrarias a derecho'.