La escenificación del avance en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que pasa por la aprobación de una reserva hídrica para la región de 4.000 hectómetros cúbicos según propuso el PSOE al PP el pasado jueves, recibió hoy un nuevo varapalo por parte de los barones conservadores en Murcia y la Comunitat Valenciana.

El Ejecutivo murciano fue el más vehemente en su rechazo, al calificar de 'barbaridad' la oferta de los socialistas. Murcia se negó a considerar cualquier reserva: 'Va bien para los vinos, pero no cuando se habla de un bien que es de todos los españoles'. El Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel se negó así a firmar una tregua en la guerra del agua, en una actitud idéntica a la que trasladó el Gobierno valenciano que encabeza Francisco Camps.

Su portavoz, Paula Sánchez, aseguró que su comunidad defenderá 'sin ninguna fisura y sin ninguna reserva' el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, cuya derogación es una reivindicación histórica de Castilla-La Mancha que figura en el texto que el PSOE y el PP aprobaron en las Cortes de Toledo. 'El agua es un bien de interés general en el que no cabe fragmentación ni fractura entre comunidades', argumentó el Ejecutivo de Camps.

A pesar del rechazo, el presidente castellano-manchego, José María Barreda, evitó polemizar y reiteró que su territorio 'ha derrochado paciencia y prudencia' durante la tramitación del Estatuto, que entró hace un año y medio en el Congreso.

Por encima de Murcia y la Comunitat Valenciana, el PP se mantuvo hoy firme en su silencio ante la oferta negociadora del PSOE para desbloquear el texto. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, portavoz conservadora en Castilla-La Mancha, acusó a los socialistas de boicotear el acuerdo en el Congreso, pero se negó a pronunciarse a favor o en contra de la reserva planteada por Barreda como tabla de salvación de un futuro acuerdo.