La ley española que traspondrá la Directiva Europea de Servicios suprime como regla general la autorización previa para el inicio de una actividad, y permite su ejercicio en todo el territorio español y europeo, sin ningún tipo de restricción territorial.

Además, la reducción de las trabas administrativas para el inicio y el desarrollo de un negocio en el sector permitirá mejorar en tres décimas el crecimiento de la economía, según cálculos facilitados hoy por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, en un encuentro informativo.

El fin último de esta ley es el de agilizar la puesta en marcha de los negocios del sector servicios para que las habituales trabas o retrasos administrativos no frenen la actividad económica o desincentiven a los emprendedores y para alentar, en definitiva, la creación de empresas y la mayor actividad económica. Los servicios en España, reconoció Vegara, están sujetos a normativas en muchos casos 'obsoletas e inadecuadas' que han supuesto rigidez en el sector, han lastrado la competencia y han impedido una mejora en su productividad, además de no ayudar a la inflación.

Así, mientras la productividad del sector servicios subió en la UE un 6,8 por ciento entre 1997 y 2006, en España bajó el 3,4 por ciento, mientras que los precios de los servicios españoles tienen la culpa de la mitad del diferencial de inflación con la zona del euro.

Con la futura ley, quien quiera iniciar un negocio en el sector no tendrá que esperar a la autorización previa, lo que no impide que si no cumple con los requisitos sea sancionado a posteriori, para lo que se reforzará la supervisión y la inspección. En cuanto a las trabas administrativas, se reducirán gracias a la creación de una ventanilla única de acceso electrónico, por la que se podrán hacer todos los trámites.

El secretario de Estado aseguró que la futura ley no modifica ninguna de las competencias que ya tienen las comunidades autónomas, sólo establece la nueva regulación sobre la que se tienen que regir los servicios y sobre la que deben velar las distintas administraciones competentes.

Así, antes de diciembre de 2009 deberán haberse cambiado 7.000 normas de las tres administraciones -central, autonómica y local-, así como de entidades con capacidad normativa como los colegios profesionales.