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Nueva detención en la 'Guateque'

Ya son 17 detenidos y hay cinco imputados más. El PSOE reclama responsabilidades políticas al Ayuntamiento

PATRICIA RAFAEL

Un empresario se convirtió ayer en el detenido número 17 de la Operación Guateque, que desde el miércoles se desarrolla en el Ayuntamiento de Madrid y que ha dado a conocer una supuesta trama de corrupción de funcionarios. Otras cinco personas más fueron imputadas por el juez instructor Santiago Torres, que decretó el secreto de sumario.

Tras la revisión del material incautado por la Guardia Civil el miércoles, ayer se produjeron nuevos registros, informaron a Efe fuentes de la investigación. Se hicieron en varios despachos y domicilios particulares. El director de la Policía y de la Guardia Civil indicó que la operación sigue abierta y que no se descartan nuevas detenciones.

Varios de los apresados trabajan en las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, y otros tantos son abogados, arquitectos y aparejadores que colaboran de forma habitual con el Ayuntamiento de la capital, según indicaron fuentes de la investigación.

Las pesquisas, iniciadas en mayo tras la denuncia del dueño de una discoteca, están abiertas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Los detenidos supuestamente cobraban entre 3.000 y 18.000 euros por agilizar licencias o retrasar expedientes sancionadores. Todos los acusados prestarán hoy declaración ante el juez.

Comisión de investigación

El portavoz municipal del PSOE, David Lucas, insistió ayer en crear una comisión de investigación para que se revisen todos los expedientes de las delegaciones de Urbanismos y Medio Ambiente desde 2003. Tras la información que adelantó ayer Público, que aseguraba que la Alcaldía había recibido la carta de dos empresarios que denunciaban supuestos sobornos, el representante socialista reclamó 'responsabilidades políticas”.

'¿Por qué ha estado el alcalde mirando para otro sitio mientras se producían irregularidades?”, se preguntó David Lucas. “No hay que olvidar que los funcionarios solamente tramitan expedientes. La última firma la pone un cargo político, bien el concejal o el gerente”, añadió.

El PSOE reclamó que se habiliten de nuevo los despachos que tanto los técnicos socialistas como los de IU tuvieron en la Gerencia de Urbanismo hasta el pasado junio. Entonces, el Ayuntamiento cerró los espacios habilitados para ellos. Lo justificó con que el espacio para la oposición es el edificio de la calle Mayor. “Los técnicos tienen que ejercer las labores de control de control que han estado realizando durante años”, señaló David Lucas.

Ángel Pérez, portavoz de IU en el Ayuntamiento, indicó: “Las responsabilidades políticas en la presunta trama de corrupción por parte de funcionarios municipales son evidentes”. Y se preguntó: “Si el alcalde sabía de las denuncias, qué se hizo para tratar de confirmar o negar su existencia”.

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