La política de inmigración española iniciada en 2005 ha sido un éxito, pero las medidas aprobadas recientemente en favor del retorno voluntario de los trabajadores extranjeros están condenadas al fracaso. Así puede resumirse, en lo que se refiere a España, el importante informe anual Perspectivas de las Migraciones Internacionales, publicado por la OCDE hoy en París.

El voluminoso estudio de 700 páginas y otras 300 de anexos pasa un repaso a las principales tendencias de las migraciones en la zona OCDE, es decir países ricos principalmente destinatarios de la emigración.

El organismo multilateral presta una atención muy particular a España (PDF), por haber sido el país que concentró la mayor capacidad de acogida de la UE en 2006 (803.000 entradas), y por haberse convertido, a primeros de 2008, en el centro de la polémica sobre las supuestas 'regularizaciones masivas' de extranjeros sin papeles y el efecto llamada.

Una polémica que fue alimentada por el Gobierno francés de Nicolas Sarkozy y por su ministro de Identidad Nacional, Brice Hortefeux, en el intento de imponer un Pacto europeo de inmigración duro. Y una polémica que fue luego instrumentalizada en campaña por el candidato Mariano Rajoy.

Sobre esa cuestión, el informe elaborado por los técnicos del organismo multilateral de estudios económicos es bastante taxativo: 'las reformas de la legislación española relativas a la inmigración aplicadas en 2005 incrementaron de forma significativa los flujos de entrada de mano de obra en situación regular'.

Flujos legales que contrastan con la situación anterior: 'Antes de 2005, las estructuras de inmigración de trabajo legal estaban muy poco desarrolladas y la mayor parte de la inmigración hacia España era de naturaleza clandestina'.

Para la OCDE, la campaña de regularización de extranjeros sin papeles de 2005 permitió, entre otras cosas, que '218.000 empleados del hogar aparecieran a la luz del día' después de haber estado en la clandestinidad.

Entre las vías de regularización aprobadas desde entonces, el organismo destaca la del 'arraigo laboral', con la posibilidad, para el trabajador, de 'designar' a la empresa o particular que le emplea irregularmente. Un dispositivo que ha sido puesto en marcha desde entonces por otros países como 'instrumento para luchar contra el empleo ilegal' y 'señalar a las autoridades un patrón que explota la situación de sus asalariados'.

El visto bueno de la OCDE a la política de inmigración española, que incluye también las diferentes fórmulas de regular la contratación en los países de origen y la atribución de permiso de trabajo, se acaba ahí. Y a partir de ahí empieza el terreno en que la OCDE es mucho más escéptica.

Para los expertos del Centro de Observación de Migraciones del organismo, los programa de asistencia para incentivar a los emigrantes a regresar a su país -como los puestos en marcha por el Gobierno español-- 'no tienen más que un impacto limitado' y no varían fundamentalmente la cifra de regresos.

Para la OCDE, hay una constante histórica en los países ricos a los que pertenece, desde los noventa, España: El inmigrante sólo regresa por razones de decisión individual, o a causa de un real desarrollo de su país de origen, que cambia fundamentalmente las coordenadas de nivel de vida allí.

El informe subraya que ese ha sido el caso de los chilenos de España: un 16% de ellos han regresado a su país entre 2006 y 2007. El caso contrario, destaca el estudio, es el de los mexicanos y argentinos de Estados Unidos : sólo un 4% de ellos regresaron.

Los expertos de la institución multilateral también se muestran escépticos respecto a la utilidad de las expulsiones de extranjeros sin papeles, que califican de medida con 'eficacia limitada' frente las migraciones irregulares.