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"Una opinión parcial y negativa de las mujeres"

Los jueces advirtieron sobre la psicóloga que no creyó a la mujer asesinada en Alovera

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El Consejo General del Poder Judicial trasladó en noviembre de 2006 a la Comunidad de Madrid un escrito en el que se detallan varias quejas sobre Isabel Tagle, la psicóloga judicial que examinó a la mujer asesinada a tiros junto a su pareja el pasado 10 de abril en Alovera, Guadalajara.

Esta funcionaria, adscrita a los juzgados de Torrejón y Coslada (Madrid) restó credibilidad al testimonio de la víctima y negó que su presunto asesino fuera un maltratador.

La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid conocía, por tanto, las sospechas que pesaban sobre su empleada, aunque no le abrió un expediente hasta después de producirse el doble asesinato, sino un simple apercibimiento verbal. La investigación se encuentra ahora en su fase inicial, a la espera de recabar todos los informes necesarios.

“Más creíbles los hombres”

El órgano de gobierno de los jueces trasladó al consejero madrileño de Justicia, Alfredo Prada, las quejas firmadas por las responsables de mujer de los ayuntamientos de Coslada y San Fernando de Henares. El contenido de su escrito era muy explícito: “Parece que a esta profesional le resultan siempre más creíbles los argumentos de los maridos, los padres, los hombres en definitiva y que tiene una opinión parcial, siempre negativa, de las mujeres”, denunciaban.

Estos dos municipios habían recopilado con anterioridad las quejas de varias mujeres hasta condensarlas en tres puntos. Denunciaban el “trato que reciben de la profesional, descuidado y hostil”; lamentaban “el contenido de los informes, parciales y con comentarios prejuiciosos”, y el hecho de que dichos informes “no se ajusten a la petición formulada” por el juez o por las partes.

La suma de estas quejas “evidenciaría que los informes de la citada profesional no se ajustan a las normas del código deontológico que debe regir la actuación de todo/a psicólogo/a”, según señala el escrito que se trasladó a la Consejería de Justicia de Madrid.

El documento concluía sus advertencias con una petición. Subrayaba en mayúsculas la palabra “solicita”, para pedir al consejero una “investigación exhaustiva de los hechos denunciados y del trabajo desarrollado por Isabel Tagle para evitar en lo sucesivo el trato vejatorio y discriminatorio para las mujeres”. Comenzó dos años —y dos muertos— después.

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