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Oposición y sindicatos acusan al Gobierno de comerciar con los inmigrantes

Asociaciones de extranjeros en España consideran que esta medida tiene como fin último "especular" con el derecho a la vivienda

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La voluntad del Gobierno de conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compren viviendas por precios superiores a 160.000 euros, no gusta ni a la oposición ni a los sindicatos. Y mucho menos a las asociaciones de inmigrantes, que consideran que esta medida tiene como fin último 'especular' con el derecho a la vivienda y refleja un 'objetivo utilitarista' pues centra el foco del control del flujo migratorio en el mercado inmobiliario.

La secretaria de Cooperación e Inmigración del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, ha acusado al Gobierno de Rajoy de 'mercantilizar' con el permiso de residencia en España, 'tras haber comerciado ya con la educación, la sanidad y los servicios públicos'. 'Cabe preguntarse si mañana no será la subasta de pasaportes españoles lo que proponga el Gobierno como fuente de ingresos', ha ironizado. Para los socialistas, este anuncio es una 'ocurrencia' y un 'disparate' que evidencia la 'total equivocación de las prioridades del Gobierno'. El grupo socialista en el Congreso también ha pedido la comparecencia en sede parlamentaria de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que explique esta posible medida. 

'Cabe preguntarse si lo próximo será la subasta de pasaportes', ironiza el PSOE En términos similares se ha pronunciado el portavoz de La Izquierda Plural en la comisión de Interior de la Cámara baja, Ricardo Sixto. 'Medidas como esta, si es que el Gobierno tiene la desvergüenza de llevarla a cabo, demuestra el talante meramente mercantilista con el que el Gobierno lleva a cabo todas sus medidas', ha dicho a Público. Asimismo, ha criticado que al Gobierno 'no le importe' que se produzca un 'efecto llamada' de personas que, además de blanquear su dinero, van a tener un permiso de residencia 'ficticio', mientras dejó a los inmigrantes sin acceso a la sanidad pública, dificultó la reagrupación familiar y no tomó medidas contra los desahucios. 

La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha avisado al Gobierno de que la propuesta del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz es 'una absoluta falta de vergüenza' y hace dar la impresión de que 'España está en venta al mejor postor'. 'Este Gobierno ha perdido hasta los escrúpulos mínimos. El argumento de que hace falta dinero les vale para justificar cualquier tropelía, sea cerrar quirófanos o aprobar leyes de tasas que impiden el acceso a la Justicia a la gente que no puede pagarla', ha señalado la líder de la formación magenta a Europa Press.

Asociaciones de inmigrantes califican la medida de 'utilitarista'

A través de un comunicado, UGT ha calificado de 'descabellada, injusta e impresentable' esta propuesta, pues, según el sindicato que lidera Cándido Méndez, pone de manifiesto que el Gobierno entiende la inmigración sólo 'desde un punto de vista utilitarista y económico' y rompe el principio de la migración en función de las necesidades del mercado de trabajo. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, preguntado por este anuncio poco después de que se produjera por parte de García-Legaz, lo ha calificado de 'raro' y ha rechazado hacer una valoración más amplia hasta tener más detalles. 

Las asociaciones de inmigrantes también han salido en tromba a rechazar esta propuesta. En declaraciones a Efe, el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), Víctor Sáez, ha señalado que la medida supone 'condicionar un derecho', como es el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada, al dinero. 'También supone especular con ese derecho', ha señalado Sáez. Por otro lado, el presidente de la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, ha indicado que la propuesta 'va dirigida solo a un tipo de clase media alta de inmigrante y se deja a un lado a miles de inmigrantes que han estado trabajando silenciosamente en la construcción o en el campo y que han ayudado a que España crezca'.

Por su parte, la ONG SOS Racismo ha criticado que el Gobierno vincule los permisos de residencia con el mercado inmobiliario y no con el laboral o el familiar. El portavoz de esta entidad, Mikel Mazkiarán, ha calificado la medida de 'chocante y contradictoria', pues, a su entender, 'rompe' con la actual Ley de Extranjería, que orienta la concesión de estos permisos al trabajo de los inmigrantes y en menor medida a cuestiones familiares. Asimismo, ha censurado que el Gobierno 'se apunte', con esta iniciativa, 'al pago al contado' de bienes inmuebles, 'sin importarle la procedencia de este dinero'. 'Sólo quiere dar salida a un mercado inmobiliario a costa de una población extranjera que puede pagar pisos sin necesidad de préstamos', ha apostillado.

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