Dieciséis meses después de que se constituyese en el Parlamento andaluz la comisión de investigación sobre las irregularidades en la concesión de ayudas públicas para cursos de formación a parados, el presidente de este órgano, Julio Díaz (diputado de Ciudadanos), ha presentado este lunes en el registro de la Cámara su propuesta con el dictamen definitivo de la investigación. El documento, al que ha tenido acceso Público, señala a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán como máximos responsables políticos del supuesto fraude, y exonera a la actual jefa del ejecutivo, Susana Díaz, a quien también habían culpabilizado PP, Podemos e IU.

El dictamen descarta que hubiera un delito de menoscabo de fondos, pero denuncia el descontrol de las ayudas a la formación, en parte, por la falta de funcionarios en la Consejería de Empleo. Chaves y Griñán no aparecen como responsables directos del mal uso de estas subvenciones, pero sí son señalados como responsables “in eligendo”, por haber designado a consejeros que gestionaban las ayudas, e “in vigilando”, por no haber sabido controlar su trabajo ni corregir a tiempo los déficit durante sus años como presidentes del Gobierno andaluz.

“Descontrol de ayudas millonarias, falta de comunicación y coordinación entre funcionarios, falta de fiscalización de las ayudas, desórdenes administrativos, dejadez”. “No ha existido una visión generalizada ni global de la política pública en materia de Empleo, de donde podría deducirse dejadez de los responsables políticos de la Consejería”, concluye el dictamen. También señala como causa de las irregularidades la “falta de personal”, sobre todo, para fiscalizar el buen uso de las ayudas concedidas, aunque de esto también se culpa a la Junta por su “falta de planificación del trabajo”. El presidente de la comisión, haciendo una síntesis de las conclusiones de los cinco grupos, carga contra todos los que dirigieron las políticas de empleo en Andalucía entre 2002 y 2012, desde el estamento más bajo de la Consejería del ramo (directores y secretarios generales) hasta los titulares de la cartera, sus viceconsejeros, los delegados territoriales en las ocho provincias, los gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que gestionaron las subvenciones durante esos diez años, y sus homólogos en las provincias.

El texto es una enmienda a la totalidad al trabajo administrativo y político, una descripción de la cadena de errores, falta de coordinación, diligencia y buen hacer de medio centenar de responsables públicos, pero no la constatación de un delito. “No ha existido ni premeditación ni connivencia para no desarrollar eficazmente estas políticas”, dice el dictamen. Las conclusiones no hablan de menoscabo de fondos ni de prevaricación ni de malversación, como viene denunciando desde el principio el PP. En ese sentido la investigación parlamentaria coincide con las conclusiones preliminares de la instrucción del caso que está ahora en los juzgados, y que también ha descartado un delito penal.

El presidente de la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre las irregularidades en los cursos de formación, Julio Díaz, de Ciudadanos. E.P.

El informe también coincide con la Fiscalía Anticorrupción en dejar al margen a los expresidentes Chaves y Griñán. Aquí se les señala como máximos responsables políticos de las irregularidades, pero no porque tuvieran una intervención directa en la gestión de las ayudas, sino porque fueron ellos quienes nombraron a los consejeros de Empleo cuyo trabajo se pone en entredicho. Y porque no supieron vigilarlos ni enmendar sus errores, prolongando la mala praxis durante diez años.

En todo caso, Chaves y Griñán asumen una carga menor para la que reclamaban algunos grupos de la oposición, como el PP, que acusaba a los expresidentes de haber usado las ayudas a la formación “para comprar voluntades electorales y tejer una red clientelar”. El dictamen también exonera el periodo de presidencia de Susana Díaz (que arranca en septiembre de 2013), y por tanto no responsabiliza ni a ella ni a ninguno de sus consejeros.

El informe de conclusiones trata de ser una síntesis del relato de los hechos (cómo y por qué sucedieron las irregularidades) que han elaborado por su cuenta los cinco grupos: PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU. Y de ese relato se extrae a los culpables políticos.

Pero está por ver si los grupos de la oposición avalan las conclusiones del presidente de la comisión y si hay consenso para que el Parlamento haga suyo el dictamen final: el PSOE no reconoce a ningún responsable político en lo ocurrido, y descarta de plano que hubiera un delito de menoscabo de fondos, mientras que el resto de grupos apunta más o menos alto a la hora de señalar a los culpables, y exige dimisiones en el Ejecutivo de Susana Díaz.

Similitudes con los ERE

El caso de la formación en Andalucía ha sido el litigio judicial y político que más daño ha hecho al Gobierno de Susana Díaz, tras el escándalo de los ERE fraudulentos que sentó en el banquillo de los acusados a dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Las analogías entre ambos procesos (la misma jueza instructora: Mercedes Alaya; los mismos delitos: malversación, prevaricación, menoscabo de fondos públicos; los mismos acusados: Chaves y Griñán, entre otros; y el mismo trasfondo: el mal uso de las subvenciones destinadas a luchar contra el paro) han servido de plataforma a la oposición para atacar duramente al ejecutivo.

La presente legislatura arrancó con una comisión de investigación en el Parlamento, condición que impuso Ciudadanos al PSOE para apoyar la investidura de Susana Díaz. La comisión de investigación, formada por miembros de los cinco grupos parlamentarios, ha interrogado a más de 60 personas, miembros y exmiembros de la Junta (incluidos Chaves, Griñán y Díaz), interventores, funcionarios, dueños de las empresas de formación, alumnos…

Después de 16 meses sale a la luz el dictamen definitivo y, paradójicamente, coincide con un momento en el que el proceso judicial que dio origen a todo el caso se desinfla como un globo en el recreo del colegio.

Las irregularidades en las ayudas a la formación han seguido una vía paralela: empezó con una investigación repartida en 18 juzgados andaluces en las ocho provincias (finalmente centralizadas por la jueza María Núñez, sustituta de Alaya en este proceso y en el de los ERE) y luego una investigación interna en el Parlamento, donde se creó una comisión para determinar quiénes fueron los responsables políticos del supuesto fraude. Se aventuraba un cataclismo político, porque Alaya, tras el tsunami de los ERE, había puesto bajo sospecha una partida de 3.015 millones de euros en ayudas (la mayoría proveniente de fondos europeos) repartidas por la Junta entre 2002 y 2012.

Carpetazo a la vía penal

En los últimos días, la jueza que instruye el caso, y la propia Fiscalía, han desestimado las acusaciones contra Chaves, Griñán y otros ex responsables públicos, han echado por tierra la teoría de que existía una conspiración para defraudar ayudas a la formación o de que el PSOE las usaba para tejer una red clientela (defendida por el PP, acusación particular en el caso, y por la anterior jueza) y han negado el delito de menoscabo de fondos.

Todo ello junto a una monumental bronca sin precedentes por parte de la magistrada tanto al PP como a Alaya, por haber “tratado a los implicados como folios y no como personas” (ha habido más de 300 arrestos, docenas de empresas de formación están bajo sospecha y han sido imputados altos cargos y ex cargos de la Junta, incluido dos exconsejeros, Ángel Ojeda y Antonio Fernández (este último también lo está por el caso ERE).

Al dar carpetazo a la vía penal del caso, el Gobierno andaluz se ha visto legitimado para exigir al PP que “pida perdón”, y ha advertido de que la comisión en el Parlamento no puede llegar más allá de las conclusiones de la propia jueza.

Pero la oposición no lo ve igual. PP, Podemos, IU e incluso Ciudadanos, partido que sustenta al Ejecutivo de Susana Díaz, coinciden en separar la responsabilidad judicial de la política, y advierten de que “algo no se ha hecho bien” para que millones de euros destinados a la formación de los parados en Andalucía no tuvieran el destino previsto.

La propia Consejería de Empleo inició una investigación interna tras saltar el escándalo, revisando uno a uno casi 6.000 expedientes de subvenciones para cursos de formación otorgadas entre 2007 y 2011, para concluir que existían 143 millones en ayudas sin justificar.

El caso no está cerrado del todo, aunque los tribunales empiezan a determinar que no existió menoscabo de fondos públicos, ni las empresas adjudicatarias defraudaron dinero público con la connivencia de la Junta. Pero sí se han detectado irregularidades en el control de las ayudas. Ahora es el juicio paralelo del Parlamento el que debe dilucidar la importancia de la responsabilidad política en todo este asunto.

El dictamen del presidente de la comisión no es vinculante. Se supone que sus conclusiones son un compendio de las conclusiones de los cinco grupos, aunque de ellos, cuatro señalan a responsables políticos dentro del Gobierno andaluz, y el PSOE exime de culpas a todos. Entre todos deben consensuar el informe final que aprobará el Parlamento, pero es difícil prever dicho consenso.

La comisión de investigación de los ERE, la primera que se celebraba en el Parlamento andaluz desde hacía 17 años, se cerró en falso, sin un dictamen definitivo, porque los tres grupos de entonces (PSOE, PP e IU) no lograron ponerse de acuerdo ni en el relato de lo sucedido ni en quiénes fueron los responsables políticos del fraude.

La coalición de izquierdas presidió aquella comisión (igual que ahora Ciudadanos preside la de los cursos de formación) y presentó a los grupos un dictamen final en el que señalaba como máximos responsables políticos del fraude de los ERE a los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, para los que la Fiscalía pide ahora ocho años de prisión y 30 de inhabilitación. El PP votó en contra, porque apuntaba más alto (culpaba directamente a Chaves y a Griñán), y el PSOE también lo rechazó, porque su tesis era que el máximo responsable de la Administración fue el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, la persona que repartía el dinero público “de forma discrecional”, y epicentro de la trama de los ERE.

La falta de consenso hizo que, oficialmente, el Parlamento andaluz no señalase a ningún responsable político del mayor fraude de corrupción política que ha vivido Andalucía, y siete años después aún se está dirimiendo en los tribunales. La diferencia respecto al caso del fraude de formación es que éste parece estar a punto de evaporarse definitivamente.