El Parlamento catalán estudia querellarse contra los violentos que ayer bloquearon los accesos al Parque de la Ciutadella donde encuentra la Cámara, para tratar de impedir el acceso de los 135 diputados entre empujones, insultos y agresiones.

Por su parte, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar lo sucedido.

Fuentes parlamentarias han indicado que será la Mesa del próximo martes la encargada de analizar si la Cámara puede emprender acciones legales y cómo puede hacerlo.

Asimismo, la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, ha apelado a que la Justicia tome cartas en el asunto: 'Espero que haya denuncias necesarias y las pruebas suficientes para que la Fiscalía y los jueces actúen' para que situaciones como esta no se permitan y se castiguen, ha asegurado en declaraciones a TV3.

'Espero que haya denuncias necesarias' Ha recordado que el Código Penal castiga como delito la agresión o la coacción a un ciudadano, y ha señalado que son 'especiales' porque eran los representantes del pueblo de Cataluña, por lo que la consideración de delito es más grave.

La ex consejera de Justicia y de Interior, ha asegurado que los incidentes fueron 'gravísimos, un atentado al corazón de la democracia', y espera que los manifestantes entiendan que la mayoría de los catalanes quieren mantener esta democracia ganada por los padres y abuelos.

La presidenta del Parlamento catalán ha calificado la jornada de enfrentamientos de 'día muy triste, lamentable y preocupante'. A pesar de ello, se ha mostrado convencida de que ganó la democracia y no aquellos que quisieron romperla.

Preocupada por la imagen internacional de Barcelona y Cataluña, ha resaltado que fue 'acertada' la decisión de rodear el Parc de la Ciutadella para no permitir la entrada de los 'indignados'.

Finalmente, De Gispert ha remarcado que espera que estos incidentes sean un punto de inflexión para aquellos que 'han restado importancia a grupos radicales o antisistema', y que se deje criticar a la policía cuando se ve obligada a actuar con contundencia.

La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar los actos violentos que protagonizaron algunos de los 'indignados' ayer en Barcelona. Este proceso se basa en el artículo 498 del Código Penal, que castiga con pena de prisión de tres a cinco años a 'los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto'.

A pesar de abrirse estas diligencias, como ya se produjeron ayer seis detenciones en relación con estos hechos, posiblemente la Fiscalía deberá inhibirse en favor del juzgado que vaya a investigar los incidentes. La Fiscalía ha requerido a los Mossos d'Esquadra el atestado policial sobre lo sucedido y la identificación de las personas que protagonizaron.