A Carme Coll no sólo le crece la tripa por su embarazo, también el sol que lleva tatuado a unos centímetros del ombligo. Cuando ella decidió tatuarse tenía dieciséis años y, a pesar de que su padre le dijo que si lo hacía la echaría de casa, ella se tatuó y su padre no la echó.

De eso ya han pasado ocho años y dos decretos de la Generalitat. Con el primero, en 2001, el Govern fue pionero en España. Con el último, aprobado ayer, se pretende que cuando una persona quiera hacerse un tatuaje, un piercing o una micropigmentación firme antes un consentimiento informado.

Además, la Generalitat regula el acceso a estas técnicas a los menores de 16 años, puesto que se establece que los clientes menores deberán llevar un certificado de madurez firmado por sus padres o tutores legales.

Fuentes del departamento de Salud explican que, con las medidas aprobadas, se pretende que la gente conozca los riesgos que puede conllevar, por ejemplo, hacerse un tatuaje. El decreto también viene a ampliar algunos de los aspectos apuntados ya en la anterior norma.

A partir de ahora, los centros dedicados a estas técnicas deberán tener a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones o de denuncia oficiales, y los profesionales deberán acreditar como mínimo 35 horas de formación. Hasta ahora, sólo se les exigía veinticinco horas. El nuevo decreto también contempla la creación de un registro de profesionales, y dicta que los centros registren los productos utilizados en cada usuario. La información deberá guardase durante tres años.