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El plan contra el fraude fiscal copia ideas a la izquierda

El Gobierno estudia limitar los pagos en efectivo, como defiende Attac y planteó Rubalcaba en noviembre. La lucha contra la economía sumergida prevé aflorar 8.161 millones este año, un 21,5% menos que en 2011

A. M. VÉLEZ

Tras subir la mayoría de impuestos (aunque no los que pagan las empresas ni las grandes fortunas), el Gobierno recurre a medidas defendidas por la izquierda para intentar enderezar las cuentas públicas.

El Consejo de Ministros conoció este jueves las directrices del Plan General de Control Tributario para 2012, cuya mayor novedad es la posibilidad de limitar el uso de dinero en efectivo en determinadas transacciones. La medida, que apoyan organizaciones de izquierda como Attac, llegó a plantearla en noviembre pasado, en la campaña electoral, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó este jueves que está inspirada en lo hecho por países europeos como Italia y Francia, pero no concretó a partir de qué umbral se prohibirá usar efectivo ni cuánto dinero negro permitirá aflorar.

En Italia, desde diciembre pasado (por decisión del Gobierno tecnócrata de Mario Monti), ese límite es de mil euros y en Francia está, como máximo, en 3.000 euros (si las transacciones son entre profesionales). Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron este jueves en mil euros (la misma cifra que defiende Attac) el importe óptimo. Según sus cálculos, afloraría casi 26.000 millones al año, en un país donde, con 5 millones de parados, los billetes de 500 euros suponen el 73% del efectivo en circulación, según el Banco de España. Situar el tope en 3.000 euros, como planteó Rubalcaba, aportaría 19.660 millones al año, según dijo entonces Gestha.

No hubo nuevas medidas, aunque las que requiere el país son 'extraordinarias'

La medida no figuraba en el programa del PP (tampoco en el del PSOE o IU), que se limitaba a prometer 'una mejor gestión tributaria, eficaz en la lucha contra el fraude', a centrarse 'en los grandes focos de fraude fiscal' y a reforzar los medios y estrategias contra estas prácticas, 'singularmente las que se ocultan tras los paraísos fiscales'. El plan que prepara Hacienda contempla aprovechar la información proporcionada por países como Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas, últimos en abandonar la lista de paraísos fiscales de la Agencia Tributaria, tras la firma de convenios bilaterales.

Los objetivos son modestos, si se tiene en cuenta que el programa vigente recaudó el año pasado 10.400 millones, un 3,6% más, y, para este año, el gabinete de Montoro se conforma con captar 8.161 millones, un 21,5% menos. La vicepresidenta explicó que es una cifra 'inicial' y subrayó que el objetivo fijado en principio para 2011 era de 7.527 millones, inferior al de este año. Cuando, tras la rueda de prensa, se le recordó que, finalmente, afloraron más de 10.000 millones, se limitó a señalar el fajo de papeles que llevaba consigo. 'Es lo que dice aquí', vino a decir.

El plan fomentará la 'autorregulación voluntaria' de los pequeños contribuyentes, para que eviten sanciones mayores si se les investiga y para que la inspección pueda centrarse en los grandes expedientes. El objetivo es 'que se pueda comunicar muy rápidamente el error [en las declaraciones], minorando los recargos y sanciones, para facilitar que el contribuyente regularice su situación antes de tomar medidas', indicó Sáenz. El departamento de Cristóbal Montoro también promoverá acuerdos de información tributaria con Navarra y Euskadi (que tienen transferidos los tributos) y potenciará medidas ya vigentes, como el uso de mecanismos de información que puedan delatar fraudes en determinados sectores, como el consumo de electricidad o los terminales de tarjetas de crédito.

Sáenz dice que la creación de un 'banco malo' 'no está sobre la mesa'

En la larga reunión de este jueves (Sáenz de Santamaría compareció a las 14.45 horas), no se aprobaron nuevas medidas, pese a que, el pasado martes, Montoro dijo que llegarían de manera 'urgente'. Al revés que la semana pasada, cuando el presidente, Mariano Rajoy (que sigue escondido), sugirió que las medidas más duras llegarían en marzo y luego sorprendió con un recorte de gasto histórico. Este jueves, Sáenz instó a 'tener presente que estepaís necesita medidas extraordinarias porque así lo es la situación; la realidad es más dura de lo que pensábamos'.

Entre las sorpresas que dice haber encontrado el nuevo Gobierno está la situación de la Seguridad Social, cuyo déficit, el primero en 13 años, se conoció este jueves: 668 millones, el 0,06% del PIB, aunque Sáenz quiso trasladar un 'mensaje de tranquilidad' a los pensionistas. El Consejo de Ministros también estudió un informe que propone recortar el sector público empresarial, pero sin concretar cifras ni objetivos de ahorro.

Sáenz de Santamaría recordó que en 2010 se acordó eliminar 514 entidades de las cerca de 4.000 que dependen de la Administración central, autonómica y municipal, pero señaló que sólo se ha cumplido el 13% de ese objetivo (se han suprimido 69). La cuestión será analizada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este mes, donde también se empezará a negociar con las comunidades autónomas los mecanismos para reforzar el cumplimiento de los objetivos de déficit y se estudiarán mecanismos para refinanciar su deuda.

Economía también presentó un informe sobre la reforma financiera, que excluye la creación de un banco malo que agrupe los activos tóxicos de la entidades. 'No está sobre la mesa', aseguró Sáenz.

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