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El PNV acusa al Gobierno de 'prostitución legislativa' con las tasas judiciales

Aprobar chapuceramente la norma confirma que se quería dejar sin paga extra a los jueces, declara el diputado Emilio Olabarría. El PSOE plantea once iniciativas parlamentarias para frenar la norma

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El diputado del PNV y ponente de la Ley de Tasas Judiciales por su partido, Emilio Olabarría, declaró este jueves a Público que la celeridad del Gobierno en publicar la norma, sin contar ni siquiera con que no hay formularios para liquidar el impuesto, confirma que la urgencia estaba marcada con dejar sin paga extra a jueces y resto de personal de la Administración de Justicia, como prescriben sus disposiciones adicionales introducidas vía enmienda por el Partido Popular.

Olabarría destacó que el Gobierno ha 'prostituido o pervertido' con la Ley de Tasas el procedimiento legislativo que establece la Constitución, al sustraer al Pleno del Congreso el conocimiento del asunto, y reducir al mínimo el trámite de ponencia y votación de enmiendas.

La urgente publicación en el BOE de la norma, sin contar con el preceptivo formulario para liquidar las tasas, confirma, en su opinión, que el Ejecutivo estaba pensando sobre todo en las disposiciones adicionales, donde se introdujo, sin venir mucho a cuento, el mecanismo para aplicar el recorte de julio a los funcionarios de Justicia, de forma que no cobren el equivalente a la paga extra de navidad como el resto de funcionarios.

El olvido del Gobierno en ese sentido se terminó de solventar la semana pasada, recordó Olabarría, cuando en otra Ley distinta relativa al fraude, se estableció el mismo recorte para los secretarios judiciales, que se habían salvado de las otras dos normas. 'Se guían por el ahorro o los recortes por encima del contenido material de las leyes', destacó este diputado.

La velocidad imprimida por el Gobierno y el PP en aprobar la Ley de Tasas fue denunciada por toda la oposición parlamentaria, que en el trámite del Congreso se ausentó de la Comisión de Justicia para que el PP se quedará sólo al aprobar la Ley.

En cualquier caso, Olabarría critica las nuevas tasas judiciales por plantear 'serias dudas de inconstitucionalidad' en relación al principio de tutela judicial efectiva que recoge la Carta Magna, que establece además la universalidad del servicio público de la justicia.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas ha presentado este jueves una ofensiva de once iniciativas parlamentarias contra la norma, para su debate en seis comisiones diferentes del Congreso, con el objetivo de “denunciar e intentar frenar la aplicación de esta ley”.

En ellas se exige, en primer lugar,  que se exima de su aplicación a todas las personas físicas, y en segundo lugar,  a través de las distintas iniciativas, que se supriman las tasas en determinados supuestos de especial trascendencia y cuando afecten a colectivos de “especial vulnerabilidad”. Además, el PSOE pide que “se adopten urgentemente las medidas necesarias para garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial”.

Así, en esta batería de iniciativas el Grupo Socialista insta al Gobierno a la supresión de la aplicación de tasas judiciales en determinados supuestos, tales como en el caso de los procesos de separación y divorcio, dado que sin tener en cuenta la liquidación de gananciales, la tasa asciende entre demanda y recurso a 1.280 euros.

Otro de los supuestos en el que se insta a retirar las tasas es, por ejemplo, el relativo a la demanda a una  constructora por compra de un piso que no se ha construido, caso en el que hay que presentar 4.000 euros de tasa, ha señalado Rodríguez.

También se pide dicha supresión cuando se recurran sanciones derivadas de tráfico y circulación, a las víctimas de siniestros de tráfico y sus familiares que reclamen indemnizaciones derivadas de estos siniestros, en los procesos sobre reclamaciones a entidades de crédito y de seguros en los que ha habido “estafa” o en los casos de preferentes, a los ciudadanos en los procesos en el ámbito del consumo y en las reclamaciones de responsabilidad civil por daños personales y, en concreto, por negligencias médicas.

Igualmente, se solicita que no se apliquen a personas víctimas de violencia de género en demandas relacionadas con divorcio, nulidad o separación, a las personas en situación de dependencia, a los trabajadores en el orden social, a las personas inmigrantes en relación con los recursos que interpongan contra los actos administrativos de denegación de entrada, devolución o expulsión del territorio español y en materia de protección internacional.

En el día en que entra en vigor esta Ley, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, la ha calificado como la “más injusta” que ha aprobado el Gobierno .En declaraciones a los medios de comunicación, Soraya Rodríguez ha subrayado que “hasta ahora Mariano Rajoy ha ido recortando derechos de los ciudadanos en distintos ámbitos” pero ha dicho que esta es “la peor de todas”, dado que “los derechos de los ciudadanos valen lo que valen sus garantías y la última garantía es la jurisdiccional”. Así, ha remarcado que si “te prohíben acceder a los tribunales para defender tus derechos, todos tus derechos han sido recortados” y ha remachado que, además, afecta a los derechos de “todos los ciudadanos”.

La portavoz socialista ha recordado que el PSOE ya anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, por tratarse de una norma “claramente inconstitucional” que “vulnera el derecho de tutela judicial efectiva”, “impide y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la justicia para la defensa de sus derechos”, y “modula que sólo quienes tienen recursos económicos puedan realmente acceder a la justicia”. 

De forma coincidente, la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado los 'lamentables efectos' que ha provocado en los tribunales la 'confusión y la improvisación' que ha rodeado la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales. Atribuyen las 'prisas' en su publicación en la voluntad del Gobierno de aprobar la supresión de la paga extra de Navidad de los jueces y fiscales, una disposición incluida en la norma, según informa Europa Press.

El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha declarado que la 'prisa' no ha venido motivada porque las tasas se aplicaran en noviembre o diciembre, sino porque 'si no lo aprobaban ahora, no podía entrar en vigor la supresión de la paga extra'.  'Eso explica el desorden, la confusión, las prisas y que no estén los formularios', ha agregado.

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