Ya hay dos miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) detenidos por irrumpir en dos hipermercados de Cádiz y Sevilla y llevarse varios carros de comida: una en Hornachuelos (Córdoba) y otra en Cuevas de San Marcos (Málaga). Y habrá más en cuanto todos los implicados terminen de ser identificadas, según confirmaron fuentes de la investigación: de momento haya cuatro más que están identificados.

El SAT ha convocado este jueves por la mañana una concentración ante los juzgados de Sevilla para protestar contra las detenciones a la espera de que los arrestados puedan pasar a disposición judicial.

Un portavoz del Ministerio del Interior no pudo precisar a Público el miércoles por la mañana si entre esos responsables a los que se ha ordenado detener está el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado autonómico de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, una de las caras visibles de esta acciones expropiatorias en los supermercados andaluces. Aunque posteriormente fuentes de la investigación señalaron a EFE que Gordillo recibirá una citación judicial previsiblemente este jueves. 

Los ministros de Interior y de Justicia han dirigido a policías y fiscales contra el grupo reducido de sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que protagonizaron la acción. Pero ninguno de los dos miembros del Gobierno quisieron cargar en exclusiva con la responsabilidad de la actuación. Primero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informó que había ordenado a la Policía y la Guardia Civil la detención de dichas personas, pero alegó que no lo hacía de oficio, sino por haber recibido una denuncia de Mercadona, una de las dos grandes superfícies afectadas.

'En ningún caso se va a permitir que se viole la ley', dice, contundente, el ministro del Interior

Unas horas más tarde, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón desveló que había instado al fiscal general del Estado a investigar lo sucedido y determinar si se habían cometido delitos. Sin embargo, el titular de Justicia aseguró actuar a petición del ministro Fernández Díaz. Según esa versión difundida por Justicia, Gallardón se habría puesto en contacto con Torres-Dulce para trasladarle esta petición del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de que éste le mostrara su preocupación por los hechos. De esta forma, según las mismas fuentes, el titular de Justicia ha elevado al Ministerio Público lo ocurrido para que actúe conforme a derecho respecto a estos incidentes.

Y parecve que es así, porque el propio Fernández Díaz afirmó ayer, miércoles: 'He hablado personalmente con el ministro de Justicia sobre estos graves hechos y el ministro de Justicia va a trasladar a la Fiscalía General del Estado estos hechos a los efectos de que actúe como en derecho proceda'.

Antes de conocerse la noticia de las detenciones, Gordillo ya había anunciado que habrá nuevas acciones de este tipo.

Lo que parece claro es que a Fernández Díaz no le ha gustado nada lo ocurrido. Para el ministro del Interior los dirigentes políticos que 'lideran e incitan' este tipo de actos, además de incurrir en actos delictivos, 'cometen una gravísima irresponsabilidad de la que tendrán que dar cuenta'.  'En ningún caso se va a permitir que se viole la ley, entrando por la fuerza en un local para llevarse alimentos sin pagar y ejerciendo violencia sobre algunos empleados', dijo ayer, miércoles el titular de Interior.

'Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios', añadió Fernández Díaz. 'Una sociedad civilizada y democrática no puede permitir que la gente tome la justicia por las manos. Si se generalizaran este tipo de conductas esto sería la ley de la selva, evidentemente no lo vamos a permitir'.

Precisamente, la portavoz de Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, terció el miércoles en la polémica. Para Morató la actuación de Juan Manuel Sánchez Gordillo puede ser un delito y empléo los mismos argumentos que el ministro: 'Si todo el mundo hiciera lo mismo, esto sería el fin de la convivencia pacífica. Es decir, se llevaría cabo la ley de la selva'.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz  señaló que lo que ha hecho Sánchez Gordillo puede penalizarse. 'Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas. Existen otros métodos en un Estado democrático y de Derecho para conseguir alimentos'.

En este sentido, Moretó explicó que 'se puede hacer una petición formal' desde las ONG o el Banco de Alimentos dirigida a los supermercados para que éstos donen los alimentos. La portavoz insistió en que si el Banco de Alimentos quiere recibir unos productos de 'manera formal'. 'Uno no puede hacer lo que le parezca', concluyó Morató.

Para terminar, Morató calificó de 'demagogia' la actitud de Gordillo.  Además, explicó que el 'hurto famélico', aquel que lleva a cabo directamente la persona que 'tiene hambre, por ejemplo el llevarse unas galletas', se puede absolver, sin embargo, 'este señor no es el que pasa hambre' dijo en referencia a Gordillo. 'Si todo el mundo toma el ejemplo, España se convertiría en anarquía absoluta', terminó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, ha calificado de 'barbaridad' los asaltos a dos supermercados y ha dejado claro que desde el PSOE se rechaza 'cualquier vulneración de la ley, sea de quien sea'. 'Y lo que ayer hizo algún dirigente político, que además es diputado, nos parece una barbaridad', ha subrayado el responsable socialista, en alusión de Sánchez Gordillo.

Desde Izquierda Unida nacional, el portavoz en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto, pidió al ministro del Interior que 'deje de comportarse como un sheriff del oeste y permita que se cumpla la legislación vigente', que significa dejar a los jueces ordenar o no detenciones. Insistió en pedir que no haya injerencias políticas en el caso.

Otros dirigentes de IU, tanto nacionales como en Andalucía, arroparon a Sánchez Gordillo y la acción desarrollada el martes. El ex coordinador nacional GasparLlamazares dijo que el Código Penal justifica este tipo de actos en 'situaciones dramáticas', mientras que el vicepresidente andaluz, Diego Valderas, calificó el acto de simbólico, y agregó que, aunque no comparte las formas, entiende que no puede obviarse el debate que abre entre pobreza y riqueza.