La Policía, que investiga el caso de corrupción en Ronda, analiza varias operaciones urbanísticas además del proceso de adjudicación de los terrenos del campo de fútbol para la construcción de un centro comercial Eroski. La operación se saldó anteayer con la detención del exalcalde, el socialista Antonio Marín Lara, Toti. Bajo la lupa de los investigadores está también el proyecto Los Merinos Norte, una macrourbanización en un paraje a 12 kilómetros del núcleo urbano de Ronda y en la zona de influencia del área de reserva de la Biosfera de Sierra de la Nieves, en el que estaba prevista la construcción de 783 viviendas de lujo, tres hoteles de cinco estrellas, dos campos de golf y un club hípico y de tenis.

Las obras, que Marín Lara impulsó contra viento y marea, están paradas desde 2008. Sin embargo, no han proseguido por la crisis económica, porque a pesar de que hasta dos juzgados, uno contencioso y otro penal, analizaron la operación, ninguno de ellos instó a detener las obras. Por ahora se han construido los viarios. El juzgado de lo Penal número 1 de Ronda archivó el pasado marzo una denuncia de IU sobre este asunto. Su vecino, el dos, lleva ahora la operación contra la corrupción impulsada en Ronda.

Marín creó un diario por el que canalizaba los cobros a través de la publicidad

Los promotores del proyecto un amplio entramado empresarial formado por, entre otras firmas, las constructoras Copisa, FCC y Agbar y otras compañías radicadas en Valencia, además de capital suizo estuvieron pagando al exalcalde, según la investigación, fuertes cantidades a través de La Gaceta de Ronda, un diario editado por Andalusí S.C. (Sociedad Civil), de la que Marín Lara poseía el 90% de las participaciones. El modus operandi para estos pagos era, según fuentes cercanas a la investigación, inflar las cantidades por página de publicidad en el semanario gratuito. Los promotores pagaban cada seis meses a la empresa del exalcalde. 'Por supuesto que cobro, de gratis nada', declaró Marín Lara, cuando era alcalde, al diario digital El Observador, que destapó el conflicto de intereses. Fuentes cercanas al caso informaron de que esta es una de las fórmulas de soborno ahora investigadas.

El exregidor creó la editora del semanario precisamente dos meses después de aprobar por decreto y sin contar con garantías de la Junta de Andalucía de que podría obtener el agua suficiente para abastecer a la macrourbanización. Tras dos negativas de la Agencia Andaluza del Agua a la pretensión del exregidor de sacar el agua de un acuífero subterráneo, Marín Lara se comprometió con los promotores a construir una conducción desde el casco urbano a la urbanización.

La editora cobraba sobrecostes por los anuncios que hacían los promotores

Este detalle llamó la atención del Instituto de Criminología de Málaga que, en un estudio dirigido por el penalista José Luis Díez Ripollés, concluyó que 'los grupos empresariales cuentan con la capacidad de influencia suficiente para sacar adelante el proyecto frente a un gran número de contratiempos, contando con que el planeamiento se acomodará a sus necesidades'.

Los suelos donde se ubica la macrourbanización fueron declarados como urbanizables no programados en el PGOU de 1994, financiado por el entonces consejero de Obras Públicas, Jaime Montaner, quien tres lustros después aparece como firmante del proyecto de urbanización. La Ley Urbanística de Andalucía prohíbe desde 2003 proyectos como Los Merinos.

Los investigadores también estudian expedientes relativos a La Hoya del Tajo, donde se han permitido distintas edificaciones ilegales.