MURCIA.- La Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra desde primera hora de esta mañana registrando las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, que actualmente se encuentra en funcionamiento, por orden  de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.
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La desalinizadora está gestionada por las empresas Hydromanagement y Tedagua, del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la comunidad, el gobierno autonómico ha pagado 94 millones de euros por el alquiler y debe 35 millones a las citadas sociedades.

Con el registro comenzaría una investigación judicial que tiene su origen en una denuncia presentada a finales de 2015 por la Fiscalía sobre irregularidades en la explotación de la desalinizadora, a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, "lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público". 

Las gestiones que se han realizado desde su inicio en 2006-2007 ha sido motivo para la reciente creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación, al objeto de que se analicen todas las operaciones que se han realizado con relación a esta planta y la razón de por qué se construyó y los perjuicios que ha acarreado esa decisión.

En virtud de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras han declarado ya los expresidentes regionales Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre, así como el exconsejero y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, la exministra Cristina Narbona, o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes.

El Gobierno murciano pide "máxima celeridad"

La consejera portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha pedido "máxima celeridad" a la justicia en la investigación que lleva a cabo en torno a la desaladora, y ha insistido en la necesidad de que la justicia actúe con "celeridad y agilidad".

Arroyo ha recordado también que el Ejecutivo aportó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia la documentación que le fue requerida, como también hizo con el Tribunal de Cuentas y la comisión de investigación abierta en la Asamblea Regional.

Según Podemos, las pesquisas judiciales demuestran que "no se puede pagar con dinero público un interés privado".

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha dicho que lo ocurrido muestra que el modelo de gestión de la planta "va en contra del interés público" y que el contrato de arrendamiento entre el Gobierno regional y el grupo ACS es "ilegal". Urralburu ha declarado a los medios de comunicación que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción tiene que aclara la gestión de la planta, que está arrendada por la Comunidad Autónoma al grupo ACS, y cuya puesta en marcha está siendo investigada por dos juzgados de la Región de Murcia y por una Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Regional.

A juicio del líder regional de Podemos, las pesquisas judiciales demuestran que "no se puede pagar con dinero público un interés privado".