Miembros de la Guardia Civil se han personado este jueves en la sede del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals (Valencia) para recabar dos expedientes municipales de urbanismo, ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Natividad García.

Los agentes han entrado esta mañana a la sede consistorial, donde el equipo de gobierno ha facilitado los dos expedientes solicitados a los guardias civiles, que todavía continúan en el Ayuntamiento a la espera de 'levantar acta' de la documentación recabada. Los agentes siguen las instrucciones del titular del juzgado número 1 de Massamagrell y también estaba presente un representante del ministerio público, ha agregado la primera edil.

'Hemos colaborado con ellos', ha dicho la alcaldesa en alusión a los agentes de la Policía, y 'la justicia decidirá', se ha limitado a aseverar.

La alcaldesa llegó al cargo tras una moción apoyada por dos tránsfugas

El equipo de gobierno local ha manifestado en todo momento 'un talante conciliador', ha subrayado García, quien asegura desconocer el contenido de los expedientes y ha mostrado su respeto al 'secreto' bajo el que se encuentran estos documentos en el marco de la investigación policial.

En estos momentos, la alcaldesa ha subrayado que se 'ha recuperado la normalidad' en el Ayuntamiento y ha lamentado que 'se haya perdido un día de trabajo' y que los funcionarios se hayan visto obligados a abandonar su puesto y esperar a la entrada.

Natividad García es alcaldesa de la Pobla desde octubre de 2008, cuando accedió al cargo tras una moción de censura presentada contra el alcalde del PP, José Manuel Peralta, apoyada por los seis ediles del PSPV y por dos tránsfugas del PP, la propia García e Ignacio Lluch. La primera edil asumió en ese momento, además de la alcaldía, las competencias de Urbanismo.

Según explicó entonces el grupo socialista, se tomó la decisión de que fuera la ex representante del PP la que accediera a la alcaldía para 'respetar la voluntad del pueblo' y, asimismo, el PSPV renunció a la Concejalía de Urbanismo puesto que en la etapa de gobierno socialista se les había atribuido una actuación irregular y preferían que continuaran las auditorías iniciadas.