Las cuentas del Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez Conde siguen bajo la lupa del juez tras la denuncia por malversación de caudales públicos que interpuso la propia Universidad Rey Juan Carlos. Ahora, según la SER, se ha conocido que el responsable sacó de cajeros con una tarjeta de débito hasta 3.000 euros en menos de 24 horas el pasado febrero.

La cadena informa de que, según los informes policiales en manos del juzgado, los días 22 y 23 de febrero de este año -apenas un mes antes de que estallara el escándalo- Álvarez Conde sacó de una de las cuentas del Instituto varias veces 600 euros, hasta obtener la cantidad mencionada.

De esta forma, estas cantidades se suman a otras detectadas a raíz de las investigaciones judiciales sobre este responsable, quien ya había realizado pagos mediante dicha tarjeta para la compra de pescado y carne para las cenas navideñas, comidas en restaurantes, la suscripción a la plataforma Spotify, el repostaje en estaciones de servicio y el pago de artículos en unos grandes almacenes en vísperas de Nochebuena de 2016, así como las transferencias bancarias a cuentas de su hija.

Álvarez Conde era la única persona autorizada en las dos cuentas bancarias del Instituto que contaba hasta su cierre con un CIF distinto del de la propia universidad. La cuenta de la que extrajo esos 3.000 euros está abierta en el banco italiano MedioLanum que servía para invertir en productos financieros de alto riesgo, informa la citada cadena.

El Consejo de Gobierno de la Rey Juan Carlos apartó de sus funciones al anterior responsable del instituto, Enrique Álvarez Conde, tras alterarse las calificaciones del máster de la expresidenta regional, y nombró el 25 de abril nuevo director provisional a Pablo Acosta.

La Universidad Rey Juan Carlos presentó una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación de caudales públicos del Instituto de Derecho Público, el centro que impartía el polémico máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y del ahora presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

La denuncia fue presentada una vez que analizó la documentación encontrada sobre la gestión económica IDP.

Según la investigación encargada por el rector al profesor Pablo Acosta, responsable en la actualidad del IDP, la gestión económica del instituto recoge "graves irregularidades, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de delito".

En el informe trasladado al Juzgado se especifica que "se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el instituto por razones de parentesco".

Se ha constatado también "la existencia de transferencias bancarias a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se hace el pago".

Tras la polémica acaecida en torno al Instituto de Derecho Público a raíz del fraudulento e investigado máster de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, la Universidad Rey Juan Carlos ha decidido hacerlo desaparecer.