Si una sentencia desfavorable en los tribunales no obliga a Mariano Rajoy a cambiar de planes, Francisco Camps, imputado por cohecho impropio (soborno), repetirá como candidato para las próximas autonómicas en la Comunitat Valenciana.

Con este panorama como telón de fondo, los conservadores se encuentran en la tesitura de explicar los criterios que emplean para decidir qué tipo de imputaciones permiten que sus dirigentes puedan concurrir a las elecciones. ¿Dónde está el listón? Ayer, preguntada en rueda de prensa sobre esta cuestión, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a apelar a la presunción de inocencia, a recordar que Rajoy ya ha mostrado su apoyo a Camps y a avalar la labor de su compañero. 'Me parece que el presidente de la Generalitat hace un gran trabajo por los valencianos al servicio de esa comunidad', destacó.

La portavoz del PP apela a la presunción de inocencia

El presidente de los conservadores de la Comunitat está imputado por haber aceptado trajes como regalo de la trama liderada en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes. Unas prendas valoradas en 12.000 euros. Pero además, de acuerdo con el auto del juez Antonio Pedreira, el PP de Valencia ocultó a Hacienda pagos por importe de 2,5 millones de euros en dinero negro.

Recientemente, el president ha recibido otro varapalo judicial. A mediados de este mes, el Tribunal Constitucional (TC) condenaba a la mesa de las Corts, controlada por el PP, por violar los derechos de los diputados de la oposición al bloquear algunas de sus preguntas.

Aguirre cree que el caso Gürtel' no le va a pasar factura electoral

Sáenz de Santamaría eludió dar ayer su opinión sobre si el president estaba trasladando una buena imagen a la opinión pública, máxime después de que el viernes deslizara en su discurso un aviso para todos aquellos que buscan 'atajos' para derribarlo. 'No hay quien mueva a quien tiene raíces en esta tierra', espetó. Tampoco respondió cuando fue cuestionada

Fuentes del PP consultadas por este periódico aseguran que 'habrá que ver en qué quedan las acusaciones de Camps'. En este sentido, restan importancia al hecho de que el president pudiera haber aceptado regalos de la trama corrupta.

En el caso de los trajes, los conservadores han variado su estrategia. Cuando estalló el caso, a nadie en el PP se le pasaba por la cabeza la idea de que Camps los hubiera aceptado.

Si el sábado la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, salía en defensa de Camps, ayer le tocó el turno al presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti. En una entrevista concedida a Punto Radio, el dirigente conservador consideró que el valenciano es 'una persona honesta' que está 'volcada en sus ciudadanos'.

A su entender, 'uno de los pecados' por los que 'algunos no le tragan' es que 'arrasa' en las elecciones. Basagoiti siempre ha exigido a los suyos 'contundencia' ante los casos de corrupción.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, otro de los focos de actuación de la trama corrupta, no temen los efectos electorales que ello pueda tener. Ni tampoco los del espionaje. Así lo puso ayer de manifiesto Esperanza Aguirre en una entrevista concedida a Antena 3.

Preguntada sobre si cree que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es un 'peligro para el Estado de derecho', como se ha dicho desde la dirección del PP, Aguirre recalcó que la policía depende de él y, en ocasiones, 'está haciendo ciertas cosas en contra del PP' que, a su juicio, son 'impresentables'. Además, se refirió a 'una cierta cupulilla que se dedica a filtrar informes siempre al mismo medio'.