El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, ha perdido la 'imparcialidad', la Fiscalía Anticorrupción evidencia 'inquina' contra Francisco Camps y la policía emite sus informes con 'errores y ligereza'. Ninguno de los entrecomillados anteriores pertenece al escrito del abogado defensor de alguno de los más de 80 imputados que ya suma la causa. No. Todos ellos proceden del PP, partido que, en teoría, ejerce la acusación popular en el caso y al que Pedreira ya ha lanzado dos avisos en diciembre de 2009 y en julio de este año para que deje de torpedear la investigación.

Los conservadores han desoído al juez. Y prosiguen su estrategia: horadar desde dentro el caso y demorarlo recurriendo todo lo recurrible en defensa de los imputados. El objetivo, el mismo que Pedreira señaló en un auto dictado el pasado día 1 y en el que acusaba a los ex diputados del PP Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco de urdir maniobras para 'paralizar' la causa.

En diciembre, el juez amenazó con expulsar al PP. En julio, lo hizo de nuevo

Desde que, en mayo de 2009, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) aceptó que el PP se personase como acusador, los conservadores no han impulsado ni una sola iniciativa de apoyo a la investigación: todos sus recursos, súplicas y alegaciones han ido dirigidas a cercenar los pasos que la fiscalía o el juez iban dando para alcanzar el corazón de la trama y sus manejos.

El primer aviso del juez Pedreira al PP llegó en diciembre, cuando el juez rechazó la petición de la fiscalía de expulsar a los conservadores de la causa. La rechazó pero exigió al partido de Rajoy que abandonase su 'conducta reprochable'. El magistrado dejó abierta la posibilidad de echar al PP 'si continuase produciéndose' esa conducta.

La fiscalía había basado su solicitud de expulsión en este argumento: la actuación del PP 'en ningún caso ha sido de acusación sino de defensa, como se ha puesto de manifiesto en sus distintos escritos'. Aquella petición data del 6 de octubre de 2009. En los diez meses transcurridos, los hechos han confirmado las tesis del ministerio público.

Pedreira puso el dedo en la llaga al subrayar que el PP actúa como defensor

Tanto es así que, el pasado 15 de julio, el PP se hizo acreedor de una nueva reprimenda del juez: el caso no puede convertirse en una 'batalla campal', enfatizó el juez en un auto en el que desestimaba el recurso del PP contra la inhibición de Pedreira en favor del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) en lo concerniente a la financiación ilegal del PP.

El PP había recurrido esa inhibición con un escrito plagado de acusaciones al juez, a la fiscalía y a la policía: justamente, las que aparecen entrecomilladas al comienzo de este texto.

Conscientes de que Pedreira se arriesga a una campaña como la sufrida por Baltasar Garzón si los expulsa de la causa, los conservadores apretaron tanto las tuercas en ese recurso que quedaron al desnudo. 'El lenguaje utilizado pudiera resultar, a veces, desmesurado y rayano en la descalificación', contestó Pedreira. 'Su posición de defensa [la del PP] de algún encausado no deja de ser inusual', agregó el juez en el auto.

El juez introdujo una 'admonición' expresa. Y una amenaza: 'Las descalificaciones efectuadas revelan una utilización desproporcionada del derecho de defensa que, de excederse los términos equilibrados y razonables del debate llevaría, en su caso, a la adopción de medidas previstas por el ordenamiento jurídico'. Es decir, a la expulsión. Ocho días más tarde, el PP volvió a recurrir, en forma de alegaciones, el auto del juez. Mientras no cesen los recursos, la investigación sobre las cuentas del PP valenciano estarán encorsetadas.

Un sistema garantista
El garantismo del marco jurídico español permite a un imputado dilatar el procedimiento emprendiendo una larga travesía de recursos. En el ‘caso Gürtel’, los imputados más relevantes han optado por esa vía y han mostrado –dice Pedreira– “un afán por recurrir todo”. Pero lo extraordinario es que también lo ha hecho el PP, que oficialmente ejerce la acusación popular.

El honor, lo primero
En sus alegaciones contra el auto de Pedreira que el 15 de julio rechazó el último recurso del PP, el abogado de los conservadores enseña sus cartas. El PP ejerce la acción popular en ese caso “en defensa de su nombre y honorabilidad”. Con ese nuevo escrito, el PP busca evitar que los indicios de financiación ilegal del partido sean investigados por el TSJ valenciano.