Con las autonómicas a la vuelta de la esquina, el PP catalán ha empezado a desmenuzar cuáles serán las propuestas con las que concurrirá a la cita del próximo 28 de noviembre. A la espera de la presentación oficial del programa electoral, la formación presidida por Alicia Sánchez-Camacho avanzó ayer un borrador de las que serán sus iniciativas para controlar la inmigración irregular. Sus ejes son el endurecimiento del padrón mediante la exigencia de una identificación legal para lograr la inscripción en el mismo además de la cesión de estos datos a la policía.

De estas apuestas se deduce la intención del líder del PP, Mariano Rajoy, de hacer de la mano dura contra la inmigración una de las banderas electorales del partido. Tras las catalanas llegarán, en 2011, las municipales y autonómicas y en 2012, previsiblemente, los comicios generales.

La ley que ordena el empadronamiento de irregulares la dictó Rajoy en 1997

En el borrador al que ha tenido acceso Público, la formación liderada por Sánchez-Camacho hace hincapié en el papel que deben desempeñar los municipios. 'Han de colaborar en el control de la inmigración irregular para que el empadronamiento no se convierta en la puerta falsa de entrada a nuestro país', reza.

En este sentido, el PP catalán apuesta por 'establecer un mayor control en la inscripción en el padrón exigiendo una identificación legal (pasaporte o permiso de residencia) a los inmigrantes que quieren empadronarse con la finalidad de realizar el empadronamiento de extranjeros con las mayores garantías de legalidad y seguridad jurídica'. Y, además, 'establecer los controles necesarios para evitar la inscripción fraudulenta'. Es decir, negar el padrón a los sin papeles. Una herramienta que permite a los extranjeros acceder a servicios básicos como la educación o la sanidad.

El padrón permite el acceso a la sanidad y a la educación con carácter general

Además, el PP no oculta su intención de que los ayuntamientos comuniquen a la policía los casos de todos aquellos inmigrantes que hayan intentado ser inscritos en el padrón sin presentar pasaporte o tarjeta de residencia. Así, recogen su apuesta por 'cumplir con el deber legal de ceder los datos del padrón a la Dirección General de la Policía, con la finalidad del control y permanencia de los inmigrantes, y reclamar al Gobierno del Estado su cumplimiento'.

Pese al golpe de efecto que para su electorado pueda tener esta apuesta, el PP tiene difícil construir una realidad a partir de este proyecto. El debate sobre restricción del padrón a los inmigrantes irregulares no es nuevo. No hace ni un año desde que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), con uno de los mayores porcentajes de población extranjera de Catalunya, amagara con vetar el empadronamiento a los ciudadanos extranjeros que residían ilegalmente en el municipio.

El PP sostiene que esas exigencias están ya en la ley, pero no se aplican

En este contexto, el pasado mes de enero Sánchez-Camacho remarcaba que no apostaba por dejar sin educación ni sanidad a los inmigrantes irregulares, pero criticaba que la legislación actual permita que el empadronamiento sea una vía para 'legalizar situaciones de irregularidad'.

Finalmente, un informe de la Abogacía del Estado paró los pies al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (Unió Democràtica), ya que consideraba que la inscripción de los extranjeros en el padrón 'procede' con independencia de que éstos se encuentren en situación legal en el país. 'No resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España', sostenía el informe.

Además, la legislación vigente ya estipula que los únicos documentos necesarios para la inscripción en el padrón son una tarjeta de residencia en vigor o 'en su defecto, número del documento acreditativo de identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia'.

Los conservadores ven los municipios como puerta de entrada de ilegales

Fuentes del PP catalán consultadas defendían ayer que sus apuestas en materia de inmigración ya están contempladas en la legislación. 'Se trata simplemente de que el Gobierno haga cumplir la ley', aseguraban. Además, insistían en que ésta es la línea que el partido ha seguido en esta materia y que no tendría sentido cambiarla.

No obstante, la norma que establece la obligación de que los ayuntamientos reflejen en el padrón a todos los habitantes del municipio, independientemente de su situación legal, fue aprobada en 1997 por el Ministerio de Administraciones Públicas que, por cierto, estaba en manos de Mariano Rajoy. Se hizo concibiendo el padrón como 'prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo'.

Diez meses después del agrio debate sobre Vic, Sánchez-Camacho no tiene la intención de dar la espalda a este tipo de debates. Ya se paseó el pasado 19 de septiembre junto a su edil en Badalona, Xavier García Albiol, por los barrios más pobres del municipio Sant Roc y La Salut para denunciar la masiva presencia de ciudadanos rumanos.

No se trataba de un paseo sin intenciones. En los mismos días, el presidente galo, Nicolas Sarkozy, luchaba contra las críticas de la Unión Europea por su decisión de echar del país a gitanos rumanos hacinados en campamentos. Meses antes, en abril, unos folletos editados por García Albiol exhibían, sin tapujos, un lema: 'No queremos rumanos'.

Camacho ha llegado a visitar Bruselas para denunciar el 'efecto llamada de las regularizaciones practicadas por el Gobierno español'. Y la propuesta que ahora presenta en su borrador de programa no es la única. Quiere modificar leyes catalanas para evitar la concentración excesiva de inmigrantes en determinados barrios, quiere mayor control policial, asegurar el contrato de integración. Y, de gobernar, crearía una Conselleria de Inmigración, con la que pretende luchar con el agravio denunciado con la boca pequeña por muchos catalanes que consideran que los inmigrantes se están quedando con la mayor parte de las ayudas sociales de las administraciones.

En la dirección nacional del Partido Popular la consigna es la de no valorar los ejes del programa electoral de los conservadores catalanes en materia de inmigración hasta que el programa sea presentado de manera oficial. 'Se valorará en su conjunto', comentan.