La comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre la operación 'Guateque' sigue sumando polémicas antes aún de nacer. Hace unos días, los grupos de la oposición denunciaban que la presidencia no podía caer sobre un representante de equipo de Gobierno investigado. Su argumento, que repitieron los portavoces de PSOE e IU, David Lucas y Ángel Pérez, es que no se puede ser 'juez y parte'.

Ayer, sin embargo, sus criticas dieron un salto. Tanto PSOE como IU, denunciaron que el alcalde había delegado la presidencia de la reunión constitutiva en el concejal de la Junta de Distrito de Barajas, investigada en el sumario de la operación Guateque. Tomas Serrano se encargará de dirigir la comisión de mañana con un sólo punto del día: la elección de un presidente definitivo para la Comisión.

Influencias del gerente

Según denunciaron ambos grupos, en el sumario constan cuatro licencias que fueron adelantadas a instancias del gerente de distrito, un 'cargo de confianza' de Serrano. Efectivamente, en la documentación que maneja el juez Santiago Torres se puede comprobar que el gerente de Barajas, Francisco Javier Colino, se interesó por los cuatro expedientes, en ocasiones varias veces. En dos de ellos dicho interés provocó inmediatamente que se adelantara. En otro de ellos se especifica su influencia de forma aún más clara: 'prioridad gerente'.

Los dos grupos de la oposición coincidieron en que la presidencia, incluso la de la primera reunión, debía recaer sobre alguien que 'no haya tenido ninguna relación con los expedientes'.

La respuesta municipal no tardó en llegar, eso sí, ni el concejal Tomás Serrano ni el portavoz conservador de la comisión, Miguel Ángel Villanueva, aceptaron hablar con Público. Otras fuentes municipales se encargaron de destacar que ni Serrano ni su gerente figuran como imputados en el caso Guateque.

Además, señalaron, la presidencia definitiva de la comisión no tiene porque recaer sobre el concejal popular.

Las mismas fuentes quisieron desvincular a ambos de la operación 'Guateque'. Según ellas, lo que obra en manos del juez son fichas recogidas en los registros, pero el juez en ningún momento ha solicitado los expedientes. Su versión defiende que no existe, por tanto, carácter delictivo. No entra, sin embargo, en la calificación ética sobre las actividades del gerente ni si ésta invalida al concejal para la comisión.