'El PP ha retirado la denuncia de Valencia'. Con esta escueta frase, la vicesecretaria de Organización de los conservadores, Ana Mato, zanjó ayer el conflicto abierto con el PP de Valencia, liderado por Francisco Camps, ante la mordaza que intentaba imponer a los medios de comunicación en el ejercicio de su labor informativa, impidiendo que utilizasen términos como 'imputado' y 'corrupción'.

Durante una rueda de prensa para presentar la campaña del 22 de mayo, Mato subrayó que está de acuerdo 'con la libertad de prensa', un derecho fundamental que es, junto a la libertad de expresión, 'lo más importante'. Era la confirmación de que la dirección nacional desautorizaba la acción emprendida por la formación regional.

El PPCV dice ahora que quiere evitar malas interpretaciones

El pasado 11 de abril, el PP valenciano denunció ante la Junta Electoral a cuatro cadenas estatales de televisión (TVE, Telecinco, Cuatro y La Sexta) por haber informado sobre la aprobación de las listas de la formación a Les Cortsvalencianas, mencionando que en ellas figuran varios imputados e implicados por corrupción. Un hecho que se conoció el pasado miércoles, una vez que la Junta Electoral Central trasladó a las televisiones la reclamación de los conservadores, y que ha desatado una ola de críticas en diferentes sectores, al considerar que se estaba intentando censurar a los medios. 'Es una estrategia para sembrar el miedo entre los periodistas', apuntaban unos. El objetivo final es la 'autocensura', decían otros.

Según la reclamación remitida por el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, al órgano encargado de velar por la transparencia y objetividad de los procesos electorales, las cadenas de televisión habrían vulnerado el principio de 'neutralidad informativa' que exige la Ley Electoral en sus respectivos informativos del pasado 9 de abril al utilizar los términos de 'imputado' y 'corrupción'.

Ayer, coincidiendo con las alegaciones de las cadenas denunciadas y la defensa cerrada de los dirigentes nacionales de la libertad de prensa, el PP de Valencia dio marcha atrás, mediante el envío de un nuevo escrito a la Junta Electoral del País Valencià en el que pedía que la reclamación fuese desistida. El proceso se agota aquí, explicaron fuentes conocedoras del proceso, porque la Junta Electoral Central actúa a instancia de parte, es decir, cuando es requerida su valoración.

La Fape celebró que el PP 'haya reflexionado' y retirado la denuncia

Clemente justificó la retirada de la denuncia aduciendo que se trataba de una cuestión 'estrictamente jurídica', pero que se había interpretado como una 'limitación al derecho de información y prensa constitucionalmente consagrados'. Algo que supuestamente querían evitar porque, según afirmó en un comunicado, los conservadores valencianos no quieren 'sembrar dudas sobre el valor esencial que esos derechos tienen para esta formación'. Sin embargo, parece que esa lectura errónea también la habían hecho los dirigentes del PP nacional.

Preguntado por la denuncia, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, subrayó en Telecinco, una de las cadenas acusadas de vulnerar la neutralidad, que 'la libertad de prensa es sagrada' y hay que 'salvarla', si bien advirtió que igual que el derecho de cualquier ciudadano a presentarse a las elecciones. No obstante, González Pons volvió a insistir en que 'se ha exagerado el número de imputados' y se preguntó qué ocurrirá con aquellas personas que aparecen relacionadas pero no están formalmente imputadas.

Desde el PSOE, el portavoz de la Comisión Mixta de RTVE en el Congreso de los Diputados, Óscar López, calificó de 'intolerable que Camps, con la que tiene montada en Valencia, se dedique a perseguir a todas las televisiones nacionales por informar sobre la corrupción'. En su opinión, la acción emprendida por el PPCV perseguía 'impedir que se hable de las vergüenzas del PP, de la corrupción y los casos que afectan a este partido, especialmente en Valencia, pero también en otros territorios'. Entre otras razones, porque podría servir de precedente para otras posibles denuncias.

Una vez retirada la reclamación, el diputado socialista valoró la marcha atrás dada por los conservadores porque venía a darles la razón: 'El PP ha rectificado. Ahora le falta rectificar con Canal Nou [la televisión autonómica de Valencia] y Telemadrid para poner en marcha un verdadero servicio público y no una televisión de partido, que está financiada por todos los ciudadanos'.

Los socialistas han denunciado en repetidas ocasiones la manipulación en varios medios públicos. Durante un desayuno informativo en Madrid, el candidato del Partido Socialista del País Valencià (PSPV), Jorge Alarte, lejos de mostrarse sorprendido, enmarcó la denuncia de los conservadores en una curiosa normalidad. 'Es PP valenciano en estado puro. A ustedes les parece llamativo. Nosotros lo vivimos seis veces al día', resaltó con cierto aire de resignación.

Durante el acto, el líder del PSPV se quejó en varias ocasiones del trato que recibe la formación en el canal autonómico. Es más, consideró que la reclamación de los conservadores es una muestra de que el Partido Popular de Valencia cree que puede 'hacer con todo el mundo lo mismo que hace con Canal Nou'. Alarte defendió su forma de entender la política que, en contraposición a la del PP, pasa por respetar la libertad de expresión y el pluralismo.

La lectura de que la denuncia del PP de Valencia implicaba una limitación al derecho de información y a la libertad de prensa se hizo también desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), que rechazó de plano esta acción. 'Va contra el ejercicio del periodismo libre', criticaba la federación en un comunicado, insistiendo en que el 'PP valenciano escenifica la mordaza que supone para el ejercicio del periodismo la reforma de la Ley Electoral, que sacaron adelante los partidos mayoritarios'.

La proclama en favor de la libertad de prensa que ayer lanzó el PP valenciano tras el varapalo de la dirección nacional contrasta con hechos y actitudes que ponen en duda su compromiso, informa Belén Toledo. Hace años que Camps no concede una entrevista. Tampoco suele convocar ruedas de prensa y sólo contesta a los medios cuando le obliga la comparecencia conjunta con algún otro político de visita en el País Valencià. Y si contesta lo hace, la mayor parte de las veces, desviándose por completo del objeto de la pregunta.

Su partido imita esta actitud obstruccionista con la libertad de expresión. El PP intentó evitar una manifestación contra la corrupción convocada para el 26 de marzo en Valencia. Su secretario general, Antonio Clemente, denunció la convocatoria ante un juzgado y pidió que se tomaran medidas cautelares contra ella por tratarse de 'injurias a la autoridad'. La jueza denegó tal petición y el acto reunió finalmente a miles de personas.