El PP se reafirma en su veto a la investigación de la banca

No, no y no. El Gobierno y el PP se niegan a abrir toda posibilidad de arrojar un rayo de luz sobre la hecatombe financiera y sobre el rescate. No a dar todo tipo de explicaciones y a permitir que otros las den. No a crear una comisión de investigación. Nuevamente, no.

El día en el Congreso comenzó con la negativa a que el presidente del Gobierno dé cuentas del multimillonario rescate de las entidades financieras con problemas y se cerró esta tarde con el rechazo a la moción de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que pedía la creación de una comisión de investigación sobre las causas del desastre financiero. La primera oportunidad que tenía el PP para pronunciarse en el pleno. Pero se quedó solo en el pleno: todos los grupos de la Cámara (salvo CiU) apoyaron la iniciativa del grupo presidido por Cayo Lara. En total, 139 votos a favor de la propuesta, 175 en contra y 15 abstenciones, las de los convergentes.

La iniciativa de Izquierda Plural se registró días antes de que el Eurogrupo ofreciese la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, pero inevitablemente el debate se contaminó con el rescate y sus consecuencias, en una suerte de ensayo del ajuste de cuentas al Ejecutivo que se ventilará mañana en la sesión de control en el Congreso. "La crisis que no existía y el rescate que no existía ya está aquí. Hay que preguntarse si llegará un segundo rescate", abrió fuego Lara, que fue quien defendió la moción de su grupo, prueba de la enorme importancia que le confería.

"El peor mensaje de este Parlamento es decidir no crear la comisión", dice Lara

El líder de IU insistía en que "los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad" de la "mayor crisis-estafa que ha conocido el país", y que por tanto es inexcusable no investigar. Ahora, más que nunca. "Nunca estuvo tan justificada una comisión de investigación para conocer la verdad. La credibilidad, interna y externa, sólo puede darla la verdad, la transparencia y la depuración de todas las responsabilidades. El peor mensaje de este Parlamento es decidir no crearla, porque mucha gente podría llegar a dos conclusiones. Una, que parte de los responsables se sientan en estos escaños -señaló, mirando a unas bancadas casi desiertas-. O dos, que se pretende encubrir a los auténticos responsables del desastre". Lara repasó las tesis sostenidas por su federación: que se investigue "a todos, y caiga quien caiga", a todos los que provocaron la burbuja financiera que "estalló en la cara de millones de personas" que ahora sufren "ajustes y recortes" que están aplicando los gobiernos.

"Obstruccionismo", "Desinformación", "Ocultismo"

Sucedió una catarata de apoyos de los grupos. La mayoría compartió que no hay excusas posibles para negarse a investigar qué ha pasado. E instaron al PP a moverse, a abrir la mano. "El PP tiene la oportunidad de recoger el guante", terció Uxue Barkos, de Geroa Bai. "Lo mínimo exigible es examinar las causas", conminó Francisco Jorquera, del BNG, quien entrevió una parte positiva a la situación tan grave que atraviesa la banca: que se "pone el foco en los causantes de la crisis", que no eran ni un mercado laboral rígido ni un nivel de vida por encima de las posibilidades de los españoles, sino el sector financiero. "La desinformación y el ocultismo es la regla de oro del PP -denunció el diputado de Amaiur Sabino Cuadra-. Lo suyo es de juzgado de guardia". Pedro Azpiazu, del PNV, subrayó, como había hecho antes Lara, que los ciudadanos "desinformados y preocupados" por el devenir de los acontecimientos, son los que más se merecen que se depuren responsabilidades y no encontrarse con la "actitud obstruccionista" del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El PP insiste en que sí cree en la "transparencia", pero rehúsa indagar "por prudencia"

Durísimo fue también Valeriano Gómez. El exministro de Trabajo socialista condenó que el PP quiera tapar el "hundimiento de Bankia" con una "ley del silencio". "Pero ahí no acaban con este Gobierno las malas noticias. Desde este fin de semana nuestro país está rescatado", hilvanó. Por ello el PSOE pedirá una comisión que evalúe y vigile la ayuda solicitada a Europa por el Ejecutivo y se examinen qué condiciones se imponen, porque no se "cree" que no vayan a verse afectados los derechos sociales, la sanidad y la educación.

El muro del PP fue infranqueable. De nuevo, emergió la neolengua y el ánimo de hacer parecer lo que no es. "Estamos totalmente de acuerdo con el espíritu que inspira esta iniciativa", comenzó la diputada conservadora Arenales Serrano Argüello. El PP coincide en la necesidad de "transparencia", pero entendida de otro modo. "Transparencia" para los conservadores es dar vía libre a las dos reformas financieras aprobadas por el Ejecutivo, que han "actualizado" el volumen de activos tóxicos, "transparencia" es pedir a dos consultoras extranjeras que examinen a la banca española, "transparencia" es trabajar en la subcomisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -el mismo foro donde el PP ha impedido las comparecencias de los responsables de Bankia o del ya exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez-. En un triple salto mortal, Serrano aseveró que su partido "va mucho más allá de la transparencia" exigida por la oposición: "Al Gobierno le interesa la pronta y rápida recuperación de la crisis. Y por eso felicitamos por el apoyo financiero de toda Europa que conocimos el sábado". Ayuda que toda la prensa nacional e internacional ha rotulado como "rescate".

El gris de CiU

La portavoz del PP torsionó el lenguaje pero al final recaló en el mismo puerto en el que fondearon sus compañeros de formación y el Gobierno. Si no se quiere investigar ahora, es por "prudencia y responsabilidad", por no interferir en el proceso de saneamiento del sistema financiero. Serrano Argüello cuestionó además que se pretenda hablar de Bankia y no de otras entidades intervenidas o nacionalizadas, como Caja Castilla La Mancha, Unnim o CajaSur.

El PSOE reclama una comisión de vigilancia de la ayuda financiera

En un Congreso de blancos y negros, CiU intentó ensayar el gris, la abstención. Reclamar la "máxima transparencia" al Gobierno, tirándole de las orejas, pero sin "convertir España en un circo". Una posición, explicó Josep Sánchez Llibre, que se traduce en insistir al PP en que dé explicaciones en la Cámara el gobernador del Banco de España, ver qué cuenta, preguntarle qué ha sucedido y a partir de ahí, estudiar el paso siguiente.

Resultado más que previsible. Izquierda Plural ya acumula las negativas de solicitud directa de creación de una comisión en la Junta de Portavoces y también la de esta tarde, que era una triquiñuela legislativa para plantear eso mismo: pedir la comisión de investigación a través de una moción. Ahora se empleará en la alternativa de movilizar a los ciudadanos para que sean ellos los que empujen al PP a poner en marcha una comisión de la verdad y protesten contra el rescate.

Acuerdo para vetar las indemnizaciones millonarias de ejecutivos de entidades rescatadas

El pleno del Congreso sí fue provechoso para llegar a un acuerdo sobre un tema extremadamente sensible para la sociedad: el cobro de indemnizaciones millonarias para ejecutivos de entidades en las que el Estado ha inyectado dinero. Las alarmas ha saltado más de una vez. Las últimas, hace bien poco tiempo: los 14 millones que pretendía llevarse el director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, o el derecho teórico que tendría Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, a embolsarse 1,2 millones.

CiU llevó el asunto al pleno de hoy. Y su propuesta acabó en un amplísimo acuerdo de  la Cámara. Los grupos pactaron instar al Gobierno a que revise "la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral" que pudieran recibir los administradores o cargos directivos de entidades financieras que hayan requerido ayudas del Estado a través del FROB. El acuerdo incluye aquellas indemnizaciones que hayan sido devengadas (o sea, comprometidas). Este consenso "será tenido en cuenta" en el texto de la segunda reforma financiera, que ahora se tramita por la vía de urgencia en el Congreso, según pidió el PNV.

La enmienda transaccional firmada por los grupos recibió 319 votos a favor y 10 abstenciones.