El PP se lanzó a degüello contra la decisión del Gobierno de devolver plena vigencia al Estatut en materia de justicia mediante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esa modificación permitirá a Catalunya crear el Consejo de Justicia que anuló la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero también garantizará que ese mismo consejo, como órgano descentralizado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pueda ponerse en marcha en Andalucía, cuyo Estatuto reproduce casi de manera milimétrica los artículos vetados por el alto tribunal tras el recurso del PP. El Estatuto andaluz se aprobó gracias al voto de los conservadores, que no observó en ese caso ningún viso de inconstitucionalidad.

Según Santamaría, se pone en peligro la 'independencia' de los jueces

Fue la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, quien evidenció la existencia del doble rasero. En una entrevista radiofónica, Santamaría aseguró que su partido defenderá la unidad del Poder Judicial porque 'es la garantía y la base de la independencia' que el PP considera 'clave para la protección de los derechos de los españoles'.

La portavoz conservadora no hizo ninguna alusión a cómo el Estatuto andaluz contempla también la figura del Consejo de Justicia. La Constitución, remarcó la dirigente conservadora, es una norma de obligado cumplimiento 'y no una lista de sugerencias'. Cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional, añadió, compete a todos acatarla y 'no buscar mecanismos para intentar sortearla'.

'No tenemos suficiente con los problemas que es incapaz de solucionar el Gobierno como para que Zapatero cree algunos nuevos', criticó Sáenz de Santamaría, para quien el líder del Ejecutivo busca 'no perder estrepitosamente' las próximas elecciones catalanas con estas estrategias que buscan desarrollar el Estatut catalán tras la sentencia del Constitucional, como, a su juicio, ya hizo en su día para ganar las anteriores.

La conservadora APM sale en auxilio del PP y se declara 'decepcionada'

En realidad, la sentencia del TC anula los puntos relativos al Consejo de Justicia porque la creación de ese nuevo órgano requiere el respaldo previo de la legislación estatal. La reforma de la ley del poder judicial eliminará el escollo planteado y permitirá que el CGPJ delegue competencias en los consejos de justicia autonómicos.

En una línea muy similar a la de Saenz de Santamaría, la presidenta del Partido Popular de Catalunya (PPC), Alicia Sánchez Camacho, afirmó que el presidente del Gobierno 'ha cedido' ante el presidente catalán, José Montilla, para 'incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut'.

Frente a los argumentos del PP, el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, subrayó que lo que busca el Gobierno con la reforma de la LOPJ es 'cumplir con la sentencia' del Constitucional. 'La sentencia explicó Zarrías hay que cumplirla y poner en marcha la modificación' para descentralizar las competencias del CGPJ en favor de los consejos autonómicos.

El socialista Zarrías subrayó que el objetivo es cumplir la sentencia del TC

Zarrías subrayó que la reforma de la ley orgánica tendrá consecuencias no sólo para Catalunya sino también para 'Valencia y Andalucía'. Lo dijo en referencia a cómo los estatutos de ambas comunidades prevén la instauración de consejos de justicia. El objetivo, explicó Zarrías, es precisamente 'cumplir con la sentencia' del TC.

Desde la Generalitat, La consellera de Justícia, Montserrat Tura, cargó contra el PP, a quien acusó de agitar siempre el miedo al separatismo para frenar cualquier fórmula de descentralización. 'Dicen que romperemos Españaal avanzar hacia el federalismo', aseguró, y también culpó a los conservadores de la lentitud de este desarrollo, puesto que 'el problema es el PP, quien comenzó el proceso de recentralización', informa Roger Tugas.

Siguiendo la pauta habitual, el PP encontró un firme aliado en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La asociación conservadora, mayoritaria entre los jueces, considera 'decepcionante y preocupante' la posible reforma de la LOPJ.

En opinión de la APM, esa reforma puede 'incitar a dudar' de las decisiones que toman los tribunales. 'Esta decisión demuestra la voluntad del Gobierno de desacatar a través de un regate' la definición que ha dado el TC sobre qué es o no acorde con la Constitución.