El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, ha rechazado las renuncias presentadas tanto por el vicepresidente de este órgano, Eugeni Gay (sector progresista), como por los magistrados Elisa Pérez (progresista) y Javier Delgado (conservador).

Los tres, que tomaron esa decisión para forzar la renovación del organismo, deberán continuar ahora en sus cargos hasta que sean renovados por el Congreso de los Diputados, según establece el artículo 23 de la Ley Orgánica que regula el TC.

En un decreto, Sala ha justificado su decisión 'dado el volumen de procesos constitucionales pendientes sometido a su conocimiento' y para 'garantaizar la continuidad y estabilidad' del tribunal, del que ha recordado que es el supremo intérprete de la Constitución y el garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Sala ha decidido 'no aceptar', por tanto, las renuncias, 'sin perjuicio de hacer nuevamente presente, en este caso al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos'.

La renuncia constituía una de las siete causas de cese de magistrados contempladas en el citado artículo de la LOTC. Junto a la expiración del plazo de nombramiento, son los dos únicos supuestos cuya aceptación corresponde en exclusiva al presidente del Tribunal Constitucional.

El resto de las contempladas en la norma —por incurrir en causa de incapacidad, incompatibilidad sobrevenida, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo, por violar la reserva propia de su función o por haber sido declarado responsable civil en algún delito— son causas de cese sobre las que corresponde responder al Pleno de este órgano por mayoría simple o cualificada, según los casos. 

Si Sala hubiese aceptado las dimisiones de Gay, Pérez y Delgado, el Constitucional se habría quedado con el mínimo legal —quórum mínimo— para que pudiese seguir funcionando con cinco magistrados progresistas —Pascual Sala, Luis Ignacio Ortega, Adela Asúa, Pablo Pérez y Manuel Aragón— y tres conservadores —Francisco José Hernando, Francisco Pérez y Ramón Rodríguez-Arribas—.

La plaza de los tres magistrados debía haberse renovado antes del pasado 7 de noviembreLos tres magistrados dimisionarios —dos designados a propuesta de PSOE y un tercero a instancias del PP— son aquéllos cuya plaza debía haberse renovado por la Cámara baja antes del pasado 7 de noviembre junto con la vacante que dejó Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008.

La ausencia de renovación y la paralización en el Congreso de los contactos políticos dirigidos a renovar las plazas ha sido razón aducida por los magistrados para justificar su extrema decisión, que es la primera vez que se produce en la historia de este órgano.