El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, se declaró ayer convencido de que al menos algunas de las edificaciones ilegales de Marbella caerán bajo la piqueta : "Habrá que derribar aquello que es urbanismo salvaje y que no ha respetado nada de nada", dijo en declaraciones a Público. "Lo que haya que demoler se demolerá y lo que quede fuera de ordenación quedará [en pie]", agregó el magistrado tras inaugurar un curso sobre urbanismo de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
Sus palabras llegan en medio de la polémica sobre qué suerte debe correr la herencia urbanística del GIL. El Ayuntamiento de Marbella (PP) se opone a los derribos bajo el argumento de que los compradores de pisos ilegales son terceros de buena fe. La Junta de Andalucía cifra en 30.000 las viviendas que obtuvieron licencias ilegales. De ellas, el nuevo PGOU, ahora en fase de alegaciones, propone legalizar 18.000 ya edificadas a cambio de que compensen con suelo a la ciudad por el daño causado.
Pero el PP también se opone a dichas compensaciones, sobre las que Méndez de Lugo no quiso ayer pronunciarse. En tono contemporizador, el magistrado dijo "comprender" al consistorio marbellí. "Porque, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a tirar todos los edificios que se han pasado de altura?, se preguntó retóricamente. En su opinión, no hay que aplicar una política "de paños calientes" pero sí de mesura.
Sólo 752 viviendas ya construidas no han pasado el filtro del nuevo PGOU. El presidente del alto tribunal andaluz considera "razonable" esa cifra. "Razonable para derribar algunos edificios y para dejar fuera de ordenación otros", precisó. Dejar fuera de ordenación un inmueble devalúa automáticamente su valor: porque hacerlo significa respetar su existencia pero vetando cualquier nueva licencia salvo para conservación y mantenimiento.
"No hay terceros de buena fe"
Las comunidades de propietarios afectados por la construcción de inmuebles ilegales próximos a sus viviendas sostienen que el PGOU no puede legalizar lo que una sentencia ha declarado previamente ilegal. Méndez de Lugo, en cambio, opina que sí es posible hacerlo a través del PGOU.
Y suscribe esa opinión Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo, quien ayer impartió en el curso de la UNIA una conferencia sobre ejecución de sentencias. Pero respecto al eje del debate planteado por el PP -qué ocurre con los compradores de pisos ilegales-, Fernández fue categórico: "En urbanismo no hay terceros de buena fe". Es decir, quien compra un inmueble sin soporte legal debe arrostrar las consecuencias. Y si hay derribo, "le queda la vía de la reclamación contra el culpable", sostiene el juez, partidario de que las autonomías creen un "fondo de responsabilidad" para afrontar eventuales demandas de los adquirentes.