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Presos de ETA dejan la banda y admiten el daño causado

Comienza la reinserción para el grupo que desertó tras la última tregua

PEDRO ÁGUEDA

"Ya es hora de crear un tiempo nuevo". Con esta frase arranca la última carta que un antiguo jefe de ETA ha escrito a la administración penitenciaria para poner en marcha su proceso de reinserción. Integra la docena de reclusos que componen el grupo que más ha avanzado en la hoja de ruta diseñada por el Ministerio del Interior para aprovechar la crisis que provocó en el colectivo la ruptura de la tregua. El domicilio de la familia del preso ya ha aparecido cubierto de pintadas amenazantes.

Los integrantes de este grupo han escrito varias cartas en las que empiezan a plasmar los requisitos que el Código Penal de 2003 impuso para el acceso al tercer grado, esto es, una renuncia expresa al terrorismo, reconocer el daño provocado, asumir la responsabilidad civil impuesta por los tribunales y pedir perdón a las víctimas. Sin embargo, el acceso al régimen de semilibertad es una posibilidad que Instituciones Penitenciarias aún no maneja.

Interior agrupa en Nanclares sólo a los que demuestran arrepentimiento

En la misiva aludida, y que fue redactada el mes pasado, su autor habla del "dolor y sufrimiento" que ha causado, se ofrece a reparar a las víctimas y se compromete a defender democráticamente sus "legítimas reivindicaciones" políticas. Por el momento, la asunción por escrito de esas exigencias ha servido a este grupo de reclusos para ser trasladados a la cárcel de Nanclares de Oca, en Álava. La mayoría ha disfrutado, incluso, de un permiso de salida, concedido con el acuerdo del juez de Vigilancia Penitenciaria.

El acceso progresivo a permisos y a la formación dentro de las prisiones constituyen dos de los pilares de la reinserción para cualquier preso. A Interior le preocupa que los internos de ETA susceptibles de ser reinsertados no hayan participado antes en talleres o aceptado trabajos en las cárceles, supuestos prohibidos por la férrea disciplina que impone la banda en el frente de makos (el colectivos de presos).

Para una futura fase, una vez estos presos alcancen el tercer grado, se reserva un papel activo al Gobierno vasco. El régimen abierto implica que los internos sólo acudan a prisión para dormir y los fines de semana, siempre que se cumplan otros requisitos, como tener un empleo. Es aquí donde está prevista la intervención del Ejecutivo de Vitoria.

El Gobierno vasco colaborará cuando salgan de prisión a trabajar

Pero la estrategia de Interior para fomentar la ruptura con la banda tropieza con un obstáculo que aún se antoja gigante: la presión al entorno de los presos. Desde que comenzó la política de acercamientos a cárceles próximas a Euskadi de aquellos que mostraban su desacuerdo con ETA, los ortodoxos se han empleado a fondo en el acoso a las familias. Para las que residen en pequeñas localidades del País Vasco y Navarra, el cerco social se vuelve insoportable.

El preso disidente se enfrenta además a que su familia deje de cobrar la subvención de los viajes a las prisiones que ofrecen las organizaciones tuteladas por ETA. Él mismo renuncia a la "red de acogida" que la madeja del MLNV ofrece a los presos al salir de la cárcel, lo que en la década de los noventa condujo a alguno de los arrepentidos a vivir en la indigencia a su salida de prisión. De hecho, el requisito de acceder a pagar a sus víctimas las cantidades impuestas que recoge la ley pierde su sentido al declararse todos ellos insolventes.

Como ha puesto de manifiesto la operación contra la red de abogados Halboka, ETA dispone de un ajustado mecanismo que le permite conocer rápidamente las disensiones. En uno de los documentos incautados, se da cuenta del intento de la dirección por abortar la estrategia de Interior en las cárceles de Asturias y Zaragoza. Pretendía que los allí internados suscribiesen un comunicado contra la política de traslados, algo que nunca sucedió.

ETA dispone de un ajustado mecanismo que le permite conocer rápidamente las disensiones

Días después de la ruptura formal de la tregua, en junio de 2007, el Gobierno comenzó a ubicar en la nueva cárcel de Puerto III a destacados jefes de la banda con la intención de tomar la temperatura al colectivo. Después empezó a trasladar a los críticos a Villabona y Zuera, ampliando posteriormente el número de centros del norte que acogían a los disidentes. Nanclares de Oca supone, por el momento, la última parada. ETA abrió una carpeta de especial seguimiento sobre los sospechosos y les envió mensajes amenazantes, paso previo a la expulsión. Ni Arnaldo Otegi escapó por escribir una carta pública a favor de un nuevo proceso sin violencia.

Pero la experiencia no siempre es satisfactoria. En estos momentos, al menos trece reclusos que fueron acercados al norte cumplen condena en Levante o en el sur. Son jóvenes, en su mayoría, que llevan poco tiempo en prisión y resultan impermeables a cualquier crítica a la violencia. Fuentes penitenciarias calculan que un 80% de los reclusos de ETA, de los más de 500 encarcelados en España, respalda la última ponencia de Batasuna, aunque eso no significa que estén dispuestos a abdicar de ETA o a sumarse a un proceso de reinserción. 

Valentín Lasarte
Su disidencia ha sorprendido por la crueldad que empleó en el ‘comando Donosti’. Cuando huía del asesinato de Fernando Múgica, se cruzó con el hijo de este y le espetó : “Tú serás el siguiente”. También participó en el crimen de Gregorio Ordóñez. Rompió la disciplina en la cárcel de Villabona trabajando en el economato .

José L. Urrusolo Sistiaga
Formó parte del ‘comando Madrid’ de los ochenta, uno de los más sanguinarios, y llegó a jefe de la banda. Tiene 16 asesinatos a sus espaldas y se ha atrevido a criticar a ETA públicamente en varias ocasiones.

Carmen Guisasola
Su disidencia corre paralela a la de Urrusolo Sistiaga. Fue la tercera mujer en acceder a la cúpula etarra. Ingresó en la banda con 21 años y está acusada de participar en 33 atentados que costaron la vida a 24 personas.

Rafael Caride Simón
Tiene 65 años y una condena de 790 por el atentado de Hipercor, que causó 21 víctimas mortales en 1987, cuando formaba parte del ‘comando Barcelona’.

Los últimos en exluirse
La última discrepancia pública con la banda terrorista la protagonizaron Luis Astarloa, Josu García Corporales, Luis María Lizarralde, Andoni Altza, José Manuel Fernández y José Antonio Hernández Velasco. ETA trató de hacer público que los había expulsado, pero ellos la corrigieron asegurando que se habían ido voluntariamente 

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