Desde 2009, la doctrina del Supremo sobre la prevaricación bien podría llamarse doctrina Urquía. Y en nada se parece a la que se está aplicando a Garzón. Francisco Javier de Urquía, hijo del expresidente de la Audiencia Provincial de Alicante, fue condenado en 2008 por prevaricación y cohecho: según los hechos probados, percibió un soborno de 73.800 euros del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y tras el pago prohibió que una televisión local emitiera un programa sobre el jefe de Marbella.

En marzo de 2009, el Supremo revocó la condena por prevaricación, justo el delito que ahora imputa por triplicado a Garzón: dictar una resolución injusta a sabiendas.

La sentencia del Supremo, de la que fue ponente Joaquín Delgado, insiste en que la condena por prevaricación exige que el juez actúe 'de una manera que no deje lugar a dudas'. El Alto Tribunal no salió de dudas con el juez Urquía y le revocó la condena, pese al hecho probado de que percibió 73.800 euros y que justo después prohibió el programa que indagaba sobre el patrimonio acumulado por la persona que le pagó.

Y ello pese a que la libertad de información y de expresión goza, como la intimidad de los abogados con sus clientes, de la máxima protección constitucional. El Supremo lo despachó así: 'La ley permite que cuando haya razones de urgencia para proteger a la víctima [Roca] pueda adoptarse esta prohibición. Estimamos que tales razones de urgencia existían en el presente caso, en el cual desde varios días antes se había estado emitiendo un programa cuyo contenido no conocemos, pero que se dice gravemente perjudicial para el buen nombre del querellante; algo que tendría que ser así, pues de otro modo no se hubiera presentado la denuncia'.

Cuando se redactó la sentencia, Roca llevaba ya tres años detenido por la operación Malaya, que el programa censurado empezaba a oler. Y en el tribunal que limpió de prevaricación al juez Urquía se sentaba Luciano Varela, instructor de la causa por prevaricación contra Garzón en su intento de investigar el franquismo y miembro del tribunal que acaba de juzgarlo, también por prevaricación, por las escuchas a la Gürtel.