Felip Puig, protagonista en los últimos días después de que Artur Mas lo designara número dos de Convergència Democràtica de Catalunya, siguió ayer en el candelero. En este caso no por su proyección ni por sus declaraciones, sino porque su nombre se volvió a vincular a la supuesta financiación irregular de CiU mientras los nacionalistas estaban en el gobierno de la Generalitat, cosa que ocurrió hasta finales de 2003. El PSC le pidió 'que de la cara y no se esconda detrás de sus subordinados'.

El periódico El País publicó ayer un auto judicial, contra el que cabía recurso, que concluía que exaltos cargos de la Generalitat (concretamente de la empresa pública de vivienda social Adigsa) cobraron comisiones de hasta el 20% a constructores. El auto, fechado el 28 de junio pero que las partes recibieron hace unos días, constata irregularidades administrativas y el cobro de diversas comisiones siempre inferiores a los 60.000 euros. Acusa a los directivos de malversación, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad.

Los personajes clave

Entre los cuatro altos cargos imputados por el juez instructor está Ferran Falcó, ahora teniente de alcalde de Badalona gracias a un pacto con el PSC y que presidió Adigsa entre 2002 y 2004. Falcó fue jefe de gabinete de Puig cuando éste era conseller de Medio Ambiente (entre 1999 y 2001) y Política Territorial y Obras Públicas (entre 2001 y 2003).

Uno de los personajes clave en la trama es José María Penín, que habría actuado de intermediario y que en su día afirmó que Puig estaba al cargo de todo lo que ocurría. Después, ante el juez, se desdijo.

Conocido el auto, la polémica se desató con virulencia. El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, pidió a Puig que diera la cara y asumiera responsabilidades porque 'no se ha dicho toda la verdad'. Zaragoza recordó que Puig 'mintió' al decir en su día que no conocía a Penín, de quien se supo después que era pariente suyo 'e incluso jugaban a futbol sala'.

ICV y el gobierno de la Generalitat siguieron el hilo de los socialistas. El actual conseller de Obras Públicas, Joaquim Nadal, recordó que la Generalitat está personada 'como parte perjudicada' y espera una aclaración. Dolors Camats, de ICV, exigía a Puig y a CiU 'una explicación'.

El PP catalán propuso una comisión de investigación y Esquerra se limitó a pedir por boca de Joan Ridao que se deje a la Justicia 'seguir su curso'.Des de CiU todos los argumentos eran pocos para defender a quien ha sido portavoz parlamentario de la federación hasta que se ha reubicado en CDC. Mas se mostró convencido de que ni su partido ni sus líderes están implicados y que en todo caso lo está alguien 'a nivel inferior'. El líder de Unió, Josep A. Duran i Lleida, cerró filas sin dudar de la 'honestidad' de sus socios.

La realidad procesal

Convergència emitió un comunicado afirmando que la información que trascendió 'no se ajusta a la realidad procesal'. En septiembre la Audiencia Provincial acordó mantener abierta la instrucción del caso después de estimar en un auto, al que tuvo acceso Público, un recurso presentado por Falcó en abril. En éste, el ex jefe de gabinete de Puig pedía, antes de cerrar las diligencias y dejar a los imputados a un paso del banquillo de acusados, nuevas pruebas periciales y no centrarse sólo en las aportadas por la Generalitat. CDC mantiene que la estimación del recurso no cierra la instrucción pese al auto de junio.

Maragall abrió el caso

El proceso judicial sobre la financión irregular de CiU arranca en febrero de 2004. El fiscal abrió diligencias después que el entonces president, Pasqual Maragall, se hiciera eco del editorial de un periódico y acusara en el Parlament a Mas de 'tener un problema que se llama 3%', en referencia a las comisiones ilegales que, para financiarse, habría cobrado la federación. A partir de ahí nació una investigación que empieza a arrojar conclusiones.

A la espera de la trabajada oficina antifraude

Para erradicar la corrupción el Parlament aprobará en breve crear una oficina antifraude que será pionera en el Estado. La oficina, que podría dirigir un ex fiscal, dependerá del Parlament e investigará asuntos relacionados con la Generalitat mientras la Justicia no lo haga. En el caso de los ayuntamientos forzará investigaciones internas de las que elaborará informes.

En el pacto del primer tripartito, Esquerra obligó a incluir el compromiso de crearla. Los desacuerdos entre los independentistas y el PSC frustraron el proyecto durante el gobierno Maragall. Con el segundo tripartito el actual conseller de Gobernación, Joan Puigcercós (ERC), retomó el hilo y consensuó el proyecto.