SEVILLA.— Menos de una semana después de verse sacudido por el explosivo auto de la Fiscalía que pide seis años de cárcel para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y diez de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el fraude de los ERE, el PSOE andaluz ha tenido que afrontar este miércoles en el Parlamento una disyuntiva envenenada: votar a favor o en contra de una proposición de ley de Podemos para la creación de una Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía. Se trataría de un órgano independiente, adscrito a la Cámara autónomica, cuyo objeto sería prevenir la corrupción, investigarla e incluso proponer sanciones, aunque si detectara indicios de delito tendría que derivar el caso a la Fiscalía (sólo Cataluña cuenta con una figura similar).

Finalmente, la Cámara autónomica, con los votos en contra de socialistas y Ciudadanos, han vetado la tramitación del proyecto de ley. La formación morada e IU han votado a favor y el PP se ha abstenido. Lo sorprendente de este debate es que todos los grupos de la Cámara, todos, tienen comprometido en sus programas electorales la creación de un instrumento propio de lucha contra la corrupción. Aparentemente todos coinciden en el qué y discrepan en el cómo. Pero la negativa a iniciar siquiera la tramitación de esta ley tiene más que ver con la lucha entre PSOE y Podemos por la hegemonía de la izquierda, que con discrepancias jurídicas, técnicas y económicas sobre el proyecto (que las hay).

Lo sorprendente es que todos los grupos de la Cámara tienen comprometido en sus programas electorales la creación de un instrumento propio de lucha contra la corrupción

La “creación de una Oficina Antifraude para Andalucía” fue una promesa de la presidenta Susana Díaz en su investidura de junio de 2015 y volvió a anunciarla en marzo de 2016. De hecho, la propuesta está incluida en el acuerdo de investidura que PSOE y Ciudadanos firmaron al inicio de este mandato. Podemos ha tomado la iniciativa, ante la "pasividad" de Díaz, y se ha adelantado para registrar su proyecto de ley de una Oficina Anticorrupción en el Parlamento. Sin embargo, llevaban meses trabajando en ella desde antes del verano.

La proposición de ley de la formación que dirige Teresa Rodríguez es una adaptación de una norma similar que en estos momentos se tramita en las Cortes Valencianas con el respaldo del partido morado, de Compromís y del PSOE (los tres grupos del llamado pacto del Botánico). El equipo jurídico del grupo parlamentario morado en Andalucía trabajó sobre el texto valenciano una vez se recibieron los informes de los servicios jurídicos de aquel Parlamento, o sea, se ha trabajado en base a las recomendaciones legales a aquel texto. Los letrados de la Cámara andaluza no tumbaron el texto de Podemos, pero sí han puesto muchos reparos técnicos y jurídicos a su proyecto de ley.

De hecho la fórmula valenciana en la que se inspira carga ya con más de cien enmiendas de los grupos y un informe de tres catedráticos de la Universidad valenciana ha puesto en duda la potestad jurisdiccional del mismo y advierte de una posible invasión de competencias al Estado. Sin embargo, lo que se votaba este miércoles no era el contenido, sino el inicio de la tramitación. Y el PSOE ha frenado aquí lo que apoyó en la Comunidad Valenciana, alegando que ya está trabajando con Ciudadanos en su propio modelo de Oficina Antifraude.

Hace meses que los socialistas tenían planeado rechazar la propuesta de Podemos, un partido al que niegan prácticamente cualquier iniciativa parlamentaria para evitar que les robe más espacio político por la izquierda. El PSOE andaluz, al contrario que el valenciano, el extremeño o el aragonés, no necesita los votos de los diputados morados, porque gobierna cómodamente con el apoyo de la formación de Albert Rivera. El pasado 5 de julio, el Consejo de Gobierno andaluz ya emitió un informe con su criterio desfavorable a la toma en consideración de la Oficina Anticorrupción de Podemos. Sin embargo, el reciente escrito de acusación de los fiscales del caso ERE ha vuelto a poner en el disparadero a los socialistas, al Ejecutivo andaluz y singularmente a Susana Díaz, contra quien ha cargado toda la oposición en bloque.

Construir el relato

Votar en contra de una Oficina Antifraude en Andalucía cuatro días después de que el fiscal pidiese cárcel por un delito de malversación para Griñán, padre político de Díaz, ha complicado el relato del PSOE, resuelto desde hace meses a tumbar la iniciativa de su rival. Los socialistas y los populares, que a diario se lanzan reproches cruzados por los casos de corrupción en sus filas (caso ERE, el fraude de formación, la trama Gürtel, el caso Bárcenas…), evitaron conscientemente revelar cuál sería el sentido de su voto sobre la Oficina Antifraude hasta el mismo momento de la votación. Ambos temían verse retratados como el único partido del Parlamento andaluz que se opone al primer proyecto de ley que llega a la Cámara para crear un instrumento específico de lucha contra la corrupción. Al final ninguno respaldó la medida: el PSOE votó no y el PP se abstuvo.

Los socialistas alegaron que el coste de la propuesta de Podemos es excesivo y que alteraría el diseño presupuestario del año que viene

Los socialistas, defendiendo el criterio contrario del Gobierno andaluz, alegaron que el coste de la propuesta de Podemos es excesivo (3,1 millón de euros en contratos de personal y recursos), y que alteraría el diseño presupuestario del año que viene. Además acusaron a sus rivales de haberles “copiado mal” la iniciativa. Díaz quiere presentar su modelo de Oficina Antifraude antes de que acabe el año, y para ello prevé amortizar el personal y los recursos que ya tiene. El portavoz del PP-A, José Antonio Miranda, usó su turno para aporrear al Ejecutivo andaluz, afeándole el caso ERE y el de la formación, y luego espetó a las filas de Podemos: “Hay aspectos de su ley que nos gustan más y otros menos, porque son más propios de un régimen totalitario, pero es verdad que podría corregirse en la tramitación posterior”. El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, también criticó a la formación morada: “¿Y por qué no se adhieren ustedes al acuerdo de regeneración democrática que tenemos nosotros con el PSOE?”.

Desde IU, el diputado José Antonio Castro tildó de “impresentable” que el Parlamento frenara la tramitación de una medida “con la que todos estamos de acuerdo en el fondo, aunque discrepemos en la forma”. “¿Es que este proyecto vale mientras no lo presente Podemos? ¿Copiamos la medida y le cambiamos el membrete del partido para poder seguir trabajando en esta Cámara?”, ironizó. Por último, el proponente de la formación morada, Juan Ignacio Moreno Yagüe, cerró el debate haciéndose esta pregunta: “¿Quién votaría en contra de la creación de una Oficina Anticorrupción? ¿Saben la respuesta? Los corruptos”.