Cinco días después de que se agote la legislatura en Catalunya el 1 de noviembre, en el Tribunal Constitucional quedarán ya tan sólo cuatro magistrados con su mandato en vigor: el recusado Pablo Pérez Tremps, el controvertido Manuel Aragón, el conservador Ramón Rodríguez Arribas y el progresista Pascual Sala. Sin embargo, las direcciones del PSOE, con el presidente del Gobierno a la cabeza, y del PP, descartaron ayer la pretensión del presidente de la Generalitat, José Montilla, de impulsar su renovación tras el fracaso de la quinta ponencia sobre el Estatut de Catalunya, en cuya votación intervinieron cuatro magistrados que tienen su mandato ya caducado.

La postura avanzada el domingo por el líder de la oposición 'cambiar ahora a los miembros del TC sería poner un torpedo en su línea de flotación' encontró ayer el acuerdo del PSOE, como ya había ocurrido el 16 de marzo, cuando los dos partidos mayoritarios sumaron sus votos en el Congreso para rechazar una propuesta de CiU y ERC que pretendía limitar la interinidad de los magistrados.

Socialistas y conservadores se culpan del bloqueo en la renovación

'Contención, responsabilidad y respeto institucional' fue la pauta que impartió José Luis Rodríguez Zapatero, primero en los maitines de la Moncloa y después en la reunión de la ejecutiva del PSOE, según informa Juanma Romero. Su portavoz, Leire Pajín, soportó un bombardeo de preguntas de los periodistas, pero no se salió del guión: 'El Tribunal Constitucional tiene plena legitimidad, la misma que tenía la semana pasada'. Y, aunque reconoció que su situación 'no es la más idónea', recordó que para que la renovación pueda producirse 'hace falta un consenso con el PP'.

En las razones de este disenso es donde chocan socialistas y conservadores. Pajín comenzó su declaración destacando la conveniencia de 'recordar cómo hemos llegado hasta aquí: el PP llevó el Estatut al Tribunal Constitucional y es el que ha bloqueado una y otra vez su renovación'.

El PSC avisa de que así 'difícilmente se aceptará la sentencia'

Desde el PP, que confía en que haya sentencia antes de las elecciones catalanas, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, insistió en responsabilizar del bloqueo a Zapatero. 'El PP hizo lo que tenía que hacer, pero el PSOE lo paró', sostuvo en su particular versión del proceso que quedó bloqueado en el Senado cuando, infringiendo el espíritu de la ley, su partido presentó a los dos mismos candidatos como propuesta de todos los parlamentos autonómicos donde dispuso de votos suficientes. No obstante, De Cospedal sostuvo: 'Puesto que quiso paralizar la renovación, hoy lo que no pueden hacer algunos es utilizar este hecho como un arma arrojadiza para insultar al TC, que es legítimo', informa María Jesús Güemes.

Por encima de esta discrepancia recurrente, la que ayer sobresalió fue la que ha surgido entre los socialistas catalanes y el PSOE. Su vicesecretario, Miquel Iceta, llevó la postura adelantada por Montilla a la ejecutiva del PSOE, con la advertencia de que en Catalunya 'difícilmente se va a poder aceptar la sentencia sobre el Estatut en estas condiciones'. Iceta expresó el malestar del PSC por que José Blanco y José Bono coincidieran públicamente con el PP en que deben resolver los actuales miembros del TC, informa Ferran Casas. 'Lo único que no puede hacer el PSOE es aparecer de la mano del PP', enfatizó.

Blanco había declarado en la Ser que comparte con Rajoy la opinión de que 'en medio del partido no se deben cambiar las reglas del juego', lo que Iceta aprovechó para subrayar que no se trata de 'cambiar las reglas, sino de que se cumplan'. El vicesecretario general del PSOE no pudo responderle porque, concentrado en coordinar la recuperación de la normalidad en el espacio aéreo, no asistió a la ejecutiva. Sí lo hizo Zapatero, aunque Iceta, obligado por otros compromisos, ya había dejado la reunión.

Zapatero pide 'contención y respeto institucional'

El presidente señaló que la mejor solución sería acometer la renovación, como pidió Iceta, pero subrayó que no es posible en la práctica por la actitud del PP, que vería mermada su representación en el alto tribunal. Advirtió también de que acordar una sentencia sobre el Estatut será 'complicado', como fue su tramitación.

Pero, por encima de estas consideraciones, la principal inquietud que expuso Zapatero fue el temor a que el PP aproveche para 'incendiar' el debate político generando un clima de crisis institucional. Además, en el marco de un debate en el que por momentos parecieron fundirse las situaciones del Estatut y el TC con la del juez Garzón y el Tribunal Supremo, el presidente defendió que los magistrados elegidos a propuesta del PSOE no siempre tengan posiciones coincidentes con las suyas por tratarse de personas de larga trayectoria y convicciones fuertes. Aunque no mencionó nombres, todos pensaron en Manuel Aragón y Luciano Varela.