“El ayuntamiento ponía el suelo a precio inferior de mercado y los adquirentes accedían al compromiso de construir viviendas de alquiler. Pero es el empresario [quien] las ejecuta. Justo ahí se para la actuación municipal”. Estas frases, que forman parte de la respuesta que el ayuntamiento de Granada dio a una de las afectadas por el caso del fiasco de la promoción de 455 VPO en alquiler, chocan de frente contra el pliego de condiciones, de obligado cumplimiento. Los abultados avales –de hasta 25.000 euros– que solicitaron las promotoras abocaron a los beneficiarios en el sorteo a renunciar a su vivienda.

En su respuesta a la queja de una afectada, que cayó en saco roto, el vicesecretario general del consistorio, Gustavo García-Villanova, no explicó que el pliego faculta al ayuntamiento a echar al empresario y sustituirle como casero, si persiste en incumplir la norma.

Los abultados avales no sólo no constaban en la documentación entregada a los interesados antes del sorteo –celebrado  por el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), 20 días antes de las pasadas elecciones municipales–, sino que el pliego obligaba a que la fianza fuese “en metálico o mediante aval, por una mensualidad” (unos 350 euros y no 5.000 ó 25.000), tal y como explica un informe del inspector municipal Antonio Ortiz, desautorizado por la delegada de Urbanismo, Isabel Nieto. 

El pliego también permite al ayuntamiento –no a la empresa– seleccionar al inquilino si un piso queda vacío durante seis meses. Inmobiliaria Osuna puso el pasado 12 de mayo un anuncio que rezaba así: “Alégrate, VPO en régimen de alquiler. Últimas viviendas. Adjudicación directa sin sorteos”. Nieto prometió hace días una explicación. Aún no ha llegado.