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La querella a las agencias de rating llega al Congreso de los Diputados

IU, ICV y ERC piden explicaciones a Conde-Pumpido y a Fernández Ordóñez

 

JUANMA ROMERO

La querella criminal "de David contra Goliat por una causa justa" salta de la arena de la Justicia al Parlamento. Y la llevarán las fuerzas de la izquierda minoritaria que comparten grupo en el Congreso: Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Catalunya.

Los tres partidos quieren que tanto el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, expliquen su posición sobre el escrito presentado en la Audiencia Nacional contra las tres grandes agencias internacionales de rating, Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch. A las tres se las acusa de incurrir en los delitos de los artículos 284 y 285 del Código Penal: maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada en provecho propio y en perjuicio del Estado y los contribuyentes.

Ese texto es la querella del pequeño contra el grande. O, como lo dibujó ayer lunes Cayo Lara en la presentación de la ofensiva parlamentaria en la sede federal de IU, la guerra del Goliat de unos gigantes que dominan el 90% del mercado mundial frente a las siete modestas organizaciones que pilotan la acusación popular: Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, ATTAC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, IU, ICV y la última en sumarse, ERC.

La querella se registró el 25 de febrero en la Audiencia. Tres días más tarde, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, decidió abrir diligencias previas. Pero todavía no ha sido admitida a trámite.

El grupo pregunta qué se hizo para "controlar" a S&P, Moody's y Fitch

Varias razones explican por qué IU, ICV y ERC exigen la comparecencia de Pumpido y Fernández Ordóñez. Como subrayó ayer la ecosocialista Núria Buenaventura, "el propio Estado debería querellarse", pues están en juego "los intereses generales de los españoles". Esa es la clave del escrito, ya que las agencias de calificación, al rebajar la nota de España, hacen que el Estado tenga que pagar más cara la colocación de sus títulos de deuda soberana, por lo que complican su financiación. "El mercado tiene nombres y apellidos, el de estas empresas que están marcando las políticas económicas y, por tanto, los recortes sociales", dijo la diputada.

Joan Tardà, de ERC, recordó que el fiscal general abogaba en mayo de 2010 por "investigar y combatir la criminalidad económica". Por lógica, dedujo, habrá que preguntarle ahora qué ha hecho para "controlar" a las tres agencias.

El recelo hacia el Ministerio Público no ha hecho sino crecer. "No nos gusta que determinados bufetes [dos de los más reputados, Cuatrecasas y Uría Menéndez] hayan tenido ya ocasión de reunirse con la fiscal y nosotros no", denunció el abogado y dirigente de IU Enrique Santiago. No obstante, confió en el "buen hacer y la imparcialidad" de la Fiscalía, cuyo parecer, si emite un informe favorable ante el juez, será "determinante" para la marcha del proceso.

Otro de los letrados de la acusación popular, Gonzalo Boye, espera que se persone la Abogacía del Estado. "El Estado debe salir a defender los intereses del Estado", remachó.

Respecto a Fernández Ordóñez, los promotores de la querella no descartan acorralarlo por la vía penal, pero lo que resulta una "obviedad", a juicio de Santiago, es que faltó a su "responsabilidad" de vigilar a S&P, Moody's y Fitch. Es más, el Banco de España, incidió, aplicó a los tres calificadores una regulación "de chiste": una circular de 2008 de tres folios que les ha dejado un "espacio de impunidad".

Joan Tardà (ERC): "Es una cruzada contra la perversidad del sistema capitalista"

Más allá del ataque parlamentario –"un hachazo ante tanta desvergüenza", según Tardà–, ayer se desgranó durante el desayuno informativo la filosofía de fondo del escrito. "[Las tres agencias] han generado la ruina de millones de personas y no han sido sancionadas", expresó Carlos Ruiz, vicepresidente de ATTAC. "Es el inicio de una cruzada, una batalla contra el icono de la perversidad del sistema. Plantar cara no sólo es importante, sino que es imprescindible al margen del resultado final", secundó el diputado republicano. Es una "decisión valiente" que evidencia cómo las democracias "están de rodillas frente a los mercados y los poderes especulativos", redondeó el líder de IU.

Buenaventura recorrió uno de los argumentos más reiterados por la izquierda del PSOE desde la medicina de urgencia decretada por José Luis Rodríguez Zapatero en mayo pasado: "Estamos ante un ataque al Estado del bienestar", ante un acoso a los países con Ejecutivos progresistas: Grecia, Portugal y España. Otro abogado, Antonio Segura, también pintó de dramatismo la situación: "Es más perverso que un ataque al euro. Estas empresas no son delincuentes comunes, condicionan la libertad de los gobiernos democráticos, perjudican el desarrollo de un país".

Boye auguró una investigación "seria, larga y compleja", pero con una sólida base. Resaltó que en tres estados de EEUU (Ohio, Connecticut y California), y a instancias de la Fiscalía (es la que allí "ha llevado la voz cantante"), se han presentado demandas similares.

En Grecia, un tribunal de Atenas admitió en mayo una querella contra grandes bancos y agencias calificadoras. Y en Alemania, un jubilado se querelló el pasado verano contra S&P. En España, por ahora, todo está por ver.

El escrito ante la Audiencia Nacional de la acusación popular denuncia un “claro conflicto de intereses” de S&P, Moody’s y Fitch, puesto que sus clientes son los grandes compradores de deuda, a los que les beneficia que el nivel de la deuda soberana de España baje, ya que así el Estado tiene que pagar un interés más alto.

Hasta ahora, las agencias han alegado que sus informes son meras “opiniones”, amparadas por la libertad de expresión. “Son dictámenes”, rebatió ayer Gonzalo Boye, puesto que sirven para poner en apuros al Estado y a los ahorradores. La Fiscalía, de momento, ha pedido las traducciones de las demandas en EEUU

 

Ante un “momento de excepción” como el actual, que IU vive con “alarma y dramatismo”, sólo cabe una salida: el referéndum. Que los ciudadanos de España y de toda Europa diriman con su voto si quieren o no el Pacto por el Euro, el paquete de ajustes aprobado en la cumbre de Bruselas el pasado viernes, “un ataque contra la Europa social y democrática”, una agresión “sin precedentes al Estado del bienestar, a la izquierda y a los sindicatos”, “una vuelta de tuerca más”, como coincidieron ayer en afirmar el coordinador federal, Cayo Lara, el diputado Gaspar Llamazares y el europarlamentario Willy Meyer en rueda de prensa en la sede federal de la formación, menos de una hora después de la presentación de la ofensiva parlamentaria contra el Gobierno, la Fiscalía y el Banco de España.

La medida del referéndum será impulsada por IU y sus socios en la UE, el Partido de la Izquierda Europea. El pacto “va a requerir de reformas de las constituciones y del Tratado de Lisboa” y, en esos casos, defendió Meyer, “hay que darle la palabra al pueblo europeo para que decida”. “Lo que está en juego es el destino de Europa”, añadió. “Si hay presión popular, venceremos las resistencias”, completó Lara.