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Rabat impide llegar a El Aaiún a dos abogadas españolas

Se disponían a observar un juicio contra cuatro saharauis

PEDRO ÁGUEDA

La suerte de Otman, Mohamed, Abdelfatah y Hamed puede decidirse en un juicio celebrado en domingo. La fecha es una de las irregularidades, la menor, que soportan los procesos en el tribunal de primera instancia de El Aiaún, según denuncia el Consejo General de la Abogacía (CGAE) español. A dos de sus letradas, el Gobierno marroquí les impidió la entrada en el Sáhara ocupado el pasado domingo, evitando así que actuaran como observadoras juristas en el proceso contra los cuatro jóvenes saharauis.

Inés Miranda y Dolores Travieso son responsables de la Observación Internacional del CGAE desde que se constituyera en 2002. En ocho años han asistido a más de 200 juicios en el Tribunal de Primera Instancia de El Aaiún. En ocasiones, su presencia ni siquiera ha servido para evitar que la policía agrediera en pleno proceso a los acusados, ante la mirada indiferente de jueces y fiscales.

Presenciaron cómo un constructor español sí pudo descender del avión

Ahora, la situación es 'diferente', según les aseguró un mando policial el domingo, mientras las informaba de que tenían que tomar el siguiente avión de regreso. El policía las explicó que no podía entrar en el territorio nadie que no tuviera la nacionalidad marroquí. Según las abogadas, un constructor español, que viajaba en el mismo avión, pudo descender de él saludando a los uniformados.

Las letradas solicitaron hablar con el responsable de la decisión de evitar su entrada, lo que les fue denegado. Alegaron entonces que denegarles el acceso, debidamente acreditadas, era ilegal. 'Fuera del avión, los militares apuntaban con sus metralletas', relató a Público Inés Miranda.

El juicio contra los cuatro jóvenes se ha retrasado, en principio para el 19 de diciembre. Se les acusa de haber agredido a miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes durante el desalojo por la fuerza del campo de Gdim Izik el 8 de noviembre y en los disturbios posteriores en El Aiaún. Ahora están en libertad provisional, pero sufrieron torturas en el hospital militar, atados a la cama, según las informaciones que manejan las abogadas españolas.

'Hemos sufrido varios episodios con la policía marroquí. En otras visitas nos han amenazado, nos han acosado, pero nunca nos habían prohibido la entrada. Es la nueva estrategia de aniquilamiento de la población saharaui y de rechazo de todo lo que viene de España', explica Miranda.

Las letradas no actúan como defensoras en estos juicios. 'Intentamos que se respete el derecho de defensa y las mínimas garantías en un proceso penal', afirma Miranda, quien sostiene que Marruecos ni siquiera tiene competencia para juzgar a los saharauis. 'Según distintas resoluciones de Naciones Unidas, el del Sáhara es un territorio ocupado, por tanto Marruecos no tiene competencia para juzgar', asegura desde su domicilio en Canarias.

Las abogadas han decidido denunciar los hechos en un escrito que remitirán al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez. De la acción del Gobierno español no esperan muchos resultados. Miranda afirma que cuando telefoneó al consulado para denunciar las agresiones sufridas por los españoles presentes en el juicio a los siete de Casablanca, el pasado 5 de noviembre, una voz con acento marroquí les contestó al otro lado del teléfono que eso 'no era asunto' del servicio diplomático español.

Las abogadas también recurrirán al Parlamento europeo y a Naciones Unidas. Su intención es poder asistir al juicio de los cuatro jóvenes y seguir realizando su tarea como observadoras en otros que se produzcan en el futuro.

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