El fallo de la jueza Susan Bolton, en Phoenix (EEUU), el pasado miércoles desplumó de sus artículos más polémicos la nueva ley de inmigración de Arizona (EEUU). La justicia norteamericana considera que castigar como delito que un extranjero no tenga su documentación en regla se da de bruces con la Constitución. También el promover las deportaciones exprés de sin papeles a sus países (sin apenas tiempo para preparar un recurso), pedir la documentación a ciudadanos por su aspecto físico u obligar a sólo una parte de la población, a los extranjeros, a estar documentada en todo momento.

Sin embargo, en los últimos años, varios países europeos han incluido medidas similares en sus ordenamientos jurídicos. Italia y Francia, por ejemplo, han aprobado leyes que discriminan y persiguen abiertamente a los inmigrantes irregulares. No tener documentación en el país transalpino se castigó el año pasado con penas de cárcel, extensibles a aquellos ciudadanos que diesen cobijo a irregulares.

Vivir sin papeles en Italia y Francia está sancionado con penas de cárcel

'Criminalizan al inmigrante sin que este haya hecho daño a nadie', critica el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados, con sede en Bruselas. 'El propósito de la detención es actuar como elemento disuasorio, enviar un mensaje a quienes quieren venir a Europa de que no son queridos aquí', añade. Arizona intentó seguir el ejemplo italiano y penar como delito la estancia irregular, pero la propuesta no pasó la criba de Bolton.

En España, vivir sin papeles no es delito, sino una falta administrativa. Pero las asociaciones de inmigrantes aseguran que, si lo fuese, las detenciones de inmigrantes serían más garantistas porque se les internaría en cárceles. Sus encierros se realizan en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), durante un máximo de 60 días. Estos centros son más opacos que las prisiones y los detenidos gozan de menos derechos que los reos. Todos los años, el Defensor del Pueblo dedica un capítulo especial de su informe a las vulneraciones de derechos que se producen en estos centros. No obstante, las asociaciones no piden el internamiento en cárceles de los sin papeles, sino cerrar los CIE o mejorar sus condiciones.

El Ministerio del Interior defiende las expulsiones exprés

Otra de las medidas que bloqueó el tribunal de Phoenix fue generalizar las deportaciones exprés. España permite realizarlas desde 1985, mediante el procedimiento denominado 'preferente', que da sólo 48 horas al detenido para presentar alegaciones. El portavoz del Consejo General de la Abogacía de España, Francisco Solans, critica que el plazo actual es 'insuficiente' para poder preparar una reclamación. El procedimiento ordinario que no se utiliza de forma general en las expulsiones establece un periodo de alegaciones de 15 días.

Más allá de las sanciones, Arizona también ha tratado de dar más autonomía a los policías y de permitir detenciones en función de interpretaciones subjetivas de los propios agentes. Así, antes de pasar por las manos de la jueza Bolton, la polémica ley incluía el 'requerimiento' a los agentes de comprobar el estatus migratorio de una persona que hubiese cometido una falta (una infracción de tráfico o una violación de una ordenanza municipal, por ejemplo), si el policía sospechaba que la persona podía haber entrado de manera irregular en el país.

En España, en los dos últimos años se han intensificado las denuncias de las asociaciones y ONG sobre el trato discriminatorio que practica la policía con los inmigrantes por su aspecto físico. Según estas organizaciones, los agentes realizan controles e identifican a personas por su aspecto físico en las bocas del metro y lugares frecuentados especialmente por inmigrantes, desde locutorios hasta escuelas de formación para extranjeros.

Aunque el Ministerio del Interior niega haber dictado órdenes expresas para realizar estas prácticas, los sindicatos de policía han hecho públicos dos polémicos documentos en el último año y medio.

En 2009, se filtró una circular interna de la Comisaría de Villa de Vallecas (Madrid) que establecía un cupo mínimo de 35 sin papeles detenidos por semana. 'Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito', rezaba la orden. Los principales sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, SPR y UFP) aseguran que en el resto de Jefaturas de Policía de España había objetivos similares.

A principios de este año, otro documento instó a los agentes a trasladar a comisaría a sin papeles que sólo portasen su pasaporte en los controles de identidad. El grupo de juristas Inmigrapenal recordó que sólo se puede trasladar así a un indocumentado en dos supuestos: como detenido (cuando hay un indicio racional de delito o infracción) o para proceder a su identificación (imposible, por lo tanto, si el foráneo, irregular o no, ha mostrado su pasaporte al agente).

Al margen de los artículos que bloqueó Bolton, la ley que entró en vigor el día 29 tiene más vínculos con la legislación española. La nueva norma castiga a quien recoja a sin papeles por la calle para darle trabajo y aporta mecanismos de denuncia para los que se sientan discriminados por motivos raciales. Las leyes de Extranjería e Igualdad españolas también han introducido más sanciones para los empresarios y garantías para los extranjeros.

Aunque la ley de Arizona no es equiparable a la española 'por las particularidades de cada sociedad', en Europa, 'en general, también se está produciendo un endurecimiento de las leyes, alentado por la crisis', asegura el eurodiputado y coordinador de política internacional de Izquierda Unida, Willy Meyer.

En 2008, el Parlamento Europeo aprobó la llamada Directiva de la Vergüenza, que permite internar hasta 18 meses a quienes esperan ser deportados. En España, 'la reforma de la Ley de Extranjería ahonda en la idea de que el irregular es persona non grata, sin derechos', critica la responsable de política interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez.