Este artículo se publicó hace 15 años.
Rajoy lleva al Congreso el conflicto de Caja Madrid
Pretende frenar a Esperanza Aguirre proponiendo una iniciativa legal para "despolitizar las cajas"
Ya está completamente claro. En el conflicto de Caja Madrid, Mariano Rajoy apoya a Alberto Ruiz-Gallardón frente a Esperanza Aguirre. Aunque en un principio el líder del PP trató de mantenerse neutral, finalmente ha tomado partido por el alcalde de Madrid y por el presidente de la entidad financiera, Miguel Blesa, que veía como su puesto peligraba a marchas forzadas.
Para dirimir la situación, Rajoy recomendó hace unos días que el Banco de España fuera el encargado de supervisar las cajas. Este lunes su partido daba un paso más al anunciar que tenía pensado presentar una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados. Era la maniobra definitiva para frenar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que quiere hacerse con el poder en la caja y situar al frente de ella a un presidente afín.
La dirección del PP acudirá al Parlamento apoyándose en el informe que realizó en 2007 el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En ambos se reclama a España "un reforzamiento del control" y la "despolitización paulatina" de las cajas. "Esa será la vía", explicaba la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, mientras recordaba que la participación de los órganos públicos en las cajas no debía superar el 50 por 100.
La posición de "siempre"Cuando le preguntaron si el partido iba a "obligar" a sus dirigentes a que lo aplicaran en las comunidades autónomas donde gobierna el PP, De Cospedal insistió en que ésta había sido "siempre" la posición de su formación "y que la iban "a seguir manteniendo". Además, resaltó que la conocían "perfectamente todos los presidentes y los altos responsables" del PP porque la había dejado bien "clara" Rajoy y venía de tiempos de Aznar.
En lo que no quiso entrar la número dos del PP es en si Rajoy reprobará la conducta de sus dos dirigentes tras haber admitido él mismo que estaban dando "un espectáculo". De Cospedal prefirió centrarse en denunciar las cifras de desempleo y pedir el cese inmediato de Solbes.
"No es buena idea"Mientras, en la Comunidad de Madrid, su consejero de Presidencia, Justicia e Interior le llevaba, una vez más, la contraria a Mariano Rajoy. Franciso Granados insistía en que "no es buena idea" traspasar al Banco de España la tutela de la entidad. Fuentes próximas al también secretario general del PP madrileño añadían que la Comunidad de Madrid estaría a favor de cualquier cambio en la Ley de Cajas tendente a despolitizar "totalmente" dichas entidades, siempre y cuando el Banco de España quedara fuera de la tutela de la entidad. "También es un organismo politizado", explicaban.
En esta etapa más de la batalla por no perder el control de Caja Madrid, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, sigue empeñada en que Pablo Abejas, hombre de su confianza, continúe siendo el presidente de la Comisión de Control. Cree que la elección del gallardonista Fernando Serrano como nuevo presidente no tuvo validez dado que la votación se celebró una vez que Abejas dio por concluida la reunión.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha recibido una carta del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, en la que se le informa de que si la entidad da algún tipo de legitimidad a Serrano o facilita actos convocados bajo su presidencia podría enfrentarse a "cuantas actuaciones administrativas y acciones judiciales están previstas en nuestro ordenamiento". Granados, por su parte, acusó a ciertos miembros del consejo de administración de Caja Madrid, Blesa incluido, de "deslealtad y perversión moral" por "ir contra de las instituciones que les han nombrado".
Paralelo a este toque de atención, Beteta solicitó un dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre la normativa aplicable al proceso electoral de 2009 de Caja Madrid. La Comisión de Control decidió el viernes que las elecciones se regirán bajo la normativa anterior a la reforma aprobada por la Comunidad.
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