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Rajoy reúne a los presidentes en plena crisis del Estado autonómico

La VI Conferencia de Presidentes pretende debatir un nuevo sistema de financiación autonómica, punto sobre el que no existe consenso, y acordar una periodicidad anual para este tipo de reuniones.

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El rey Felipe VI en la fotografía de familia de los asistentes a la VI Conferencia de Presidentes, que reúne al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con los máximos responsables autonómicos. /EFE

MADRID.—  La VI Conferencia de Presidentes, un cónclave que arrancó en 2004 por iniciativa del entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se celebra este martes en un momento en el que el Estado de las Autonomías atraviesa una crisis sin precedentes marcada por el descontento generalizado con el actual sistema de financiación, que genera grandes disfunciones en la prestación de los servicios públicos asignados junto con déficits presupuestarios, y el desafío que supone el proceso soberanista abierto en Catalunya.

La convocatoria de este cónclave por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pretende reconducir el creciente malestar respecto a la financiación —compartido por administraciones autonómicas del PP, del PSOE o de corte nacionalista— en un momento en que se constata un crecimiento económico, al tiempo que se busca un “cortafuegos” a las pretensiones independentistas de una mayoría de fuerzas en el Parlament catalán.
Pero la reunión, que se inicia a primera hora de la mañana en el Senado con la presencia protocolaria del jefe del Estado, no se prevé cómoda para el Gobierno. Ni siquiera está garantizado un acuerdo de mínimos ni que finalice, a media tarde del mismo martes, con la publicación de una declaración conjunta como ocurrió en la edición anterior, celebrada también con Rajoy en Moncloa en octubre de 2012.

Pero es que entonces el PP gobernaba desde Moncloa con una amplia mayoría absoluta al igual que en 12 de las 17 comunidades autónomas y en un momento en el que la economía española estaba atravesando el momento más duro de la crisis económica. Ahora el panorama es muy distinto: Rajoy apenas cuenta con una minoría parlamentaria y tan solo se encuentra gobernando en cinco comunidades frente a otras 12 en manos del PSOE y de formaciones nacionalistas. Y encima con el proceso soberanista en plena recta final.

Rajoy apenas cuenta con una minoría parlamentaria y tan solo se encuentra gobernando en cinco comunidades frente a otras 12 en manos del PSOE y de formaciones nacionalistas

Este cónclave será el primero desde 2004 en el que no estarán presentes la totalidad de los presidentes autonómicos. El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y el lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, han anunciado que no acudirán a la cita. Cada uno ha esgrimido razones diversas para justificar su ausencia, pero ambos reclaman una interlocución singular con el Gobierno alegando especificidades que nada tienen que ver con el resto de las comunidades.

En los trabajos previos de preparación de esta edición de la Conferencia de Presidentes se han acordado un catálogo de diez materias sobre las que se ajustarán los debates en las dos sesiones de trabajo, una matinal y otra vespertina. Fuentes conocedoras de esta negociación han asegurado a Público que “no habrá dificultades para alcanzar un acuerdo de mínimos sobre algunos de los asuntos planteados”.

Así, hay “conversaciones avanzadas” para acuerdos concretos en materia sobre la necesidad de alcanzar un pacto estatal sobre educación, en materia de protección civil, en el establecimiento de una “tarjeta social” para acceder a determinados servicios y sobre todo unificar criterios para financiar la dependencia, definir el concepto de “pobreza energética” y sobre acciones para paliar la despoblación en distintos territorios. También hay avances sobre el concepto de “unidad de mercado”.

Salón del Senado donde se celebrará la Conferencia de Presidentes. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Sin embargo, otras cuestiones como la representación de las comunidades en las conferencias sectoriales de la UE, el fomento de políticas para crear empleo y, sobre todo, la financiación autonómica hay diferencias, aunque en este último asunto hay consenso en la necesidad de alcanzar un nuevo sistema. Hay comunidades que exigen un nuevo reglamento de la propia conferencia de tal modo que sean las propias comunidades quienes puedan pedir su convocatoria.

Las autonomías gobernadas por el PSOE “no llevan una posición común”, aunque admiten que “hay coincidencia” en exigir un nuevo sistema de financiación “más justo”

El Gobierno ya ha manifestado su interés en establecer una periodicidad anual para este cónclave para acentuar la coordinación entre las comunidades y la administración central. Además, el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, ha anunciado la revitalización de la comisión General de las Comunidades Autónomas, una instancia parlamentaria que lleva años sin reunirse. En el plenario de esta comisión intervienen los presidentes autonómicos y se pueden utilizare las lenguas cooficiales.

Este mismo lunes el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, se ha pronunciado por aprovechar la reunión con el fin de introducir “instrumentos federales” con el fin de “normalizar una cooperación” entre las comunidades y el Gobierno del Estado. Puig se ha mostrado partidario de evitar “peleas” entre las comunidades por cuestiones reivindicativas “mientras el Gobierno se muestra al margen”.

Otras fuentes consultadas por Público sostienen que las autonomías gobernadas por el PSOE “no llevan una posición común”, aunque admiten que “hay coincidencia” en exigir un nuevo sistema de financiación “más justo”, así como dotar de capacidad decisoria a las futuras convocatorias de la Conferencia de Presidentes.

Estas son cuestiones que horas antes del inicio del cónclave no están resueltas y que, con toda probabilidad, quedarán sin respuestas. En cualquier caso, existe un denominador común, al margen del color político de los gobiernos autonómicos: la urgente necesidad de arbitrar instrumentos para perfeccionar el funcionamiento del Estado autonómico, sobre todo a partir del elevado desarrollo de competencias asumidas por las comunidades.

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