Mariano Rajoy ha hecho dos referencias a los jubilaciones durante su discurso de investidura. La primera para dar una buena noticia. A partir del 1 de enero de 2012 actualizará el poder adquisitivo de las pensiones. Pero más tarde ha advertido de que suprimirá las prejubilaciones 'salvo en circunstancias muy excepcionales'.

La actualización de las pensiones la incluirá en el decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que se aprueba el 30 de diciembre. Rajoy ha asegurado que ésta será la única partida de los presupuestos que conllevará un aumento del gasto.

En el decreto-ley de prórroga de los presupuestos de 2011, se incluirá la subida de las pensiones contributivas, que el gobierno socialista congeló a sus cinco millones de perceptores en 2011 como medida para reducir el déficit público 1.500 millones de euros.

Con respecto a las prejubilaciones, el futuro presidente del Gobierno considera que hoy en día suponen una 'práctica abusiva' que supone hacer de la prestación por desempleo en los últimos años de vida laboral un mecanismo de prejubilación encubierta, a la que hay que poner freno.

Y además, ha expuesto que se propone elevar la edad real de jubilación a la edad legal.

Además, ha señalado que pretende incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral e impulsar medidas que hagan compatible seguir en el mercado laboral mientras se cobra una parte de la pensión. En este sentido, Rajoy ha asegurado que promoverá una mayor proporcionalidad entre la cuantía de las pensiones y las cotizaciones realizadas durante la vida laboral del trabajador.

El líder del PP ha reconocido la caída de ingresos que sufren actualmente las arcas de la Seguridad Social y ha afirmado que su Ejecutivo será 'consciente' de la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Ha recordado que en los últimos cuatro años el número de cotizantes ha caído en 2.150.000 personas y la relación entre cotizantes y pensionistas ha pasado de 2,6 a 2,1, una tendencia que cree que hay que romper para no poner en peligro las pensiones públicas. Por ello, ha aseverado que el objetivo es reordenar el tratamiento fiscal de las pensiones e impulsar los sistemas 'complementarios' a la Seguridad Social, manteniendo el poder adquisitivo de los jubilados.