El vicepresidente de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, va en el cuarto puesto de la lista autonómica presentada por el PP de Castellón. El coordinador de Economía del PP en Les Corts, Ricardo Costa, en el séptimo. Ambos están implicados en la trama Gürtel. El viernes pasado, la Fiscalía Anticorrupción pidió, además, que se encausara a buena parte de la cúpula conservadora valenciana por financiación ilegal. Sus nombres figuraban en la resolución judicial.

La candidatura viajará ahora a Madrid. Será entonces cuando la dirección nacional del PP decida si pone ante las urnas a implicados en corrupción. Todo indica que Mariano Rajoy lo tolerará. En el partido creen que si hiciera lo contrario estaría reconociendo que hay culpables. Además, yendo como cabeza de cartel, Francisco Camps, imputado también por cohecho pasivo, es muy difícil decir a los demás que no repiten.

El Comité Electoral quiere anticipar la recepción de todas las propuestas

En esta ocasión, al menos, el PP no tendrá que estudiar la inclusión de Carlos Fabra. El presidente de la Diputación de Castellón, con varios asuntos pendientes con la Justicia, anunció su retirada, aunque después hizo todo lo posible por volver a colarse en las listas sin resultado.

No es el único conflicto al que se enfrenta el PP nacional. Todos recuerdan cómo hace cuatro años tuvieron muchos problemas por el pulso entre Camps y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. En esta ocasión esperan que la partida quede en tablas porque, como dicen en las filas del PP, ninguno de los dos está para exigir.

El primer escollo que debe solventar Ripoll, imputado en la operación Brugal, es en su propio territorio. Cuentan fuentes del partido que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, amenazó con no encabezar la lista si él la acompañaba de número dos.

La filtración de algunas listas ha molestado a la dirección nacional

Además de en el País Valencià, el partido teme encontrarse con otro foco de tensión en Madrid. El plazo oficial para presentar todas las candidaturas va del 13 al 18 de abril. Pero para no resolverlas en el último minuto, el Comité Electoral Nacional ha pedido a los suyos que envíen sus propuestas antes de mañana. Algunos están pensando en apurar los plazos, pero la organización les ha rogado que se ajusten a la fecha porque saben que tendrán que deliberar durante varias jornadas. En el partido cunde el nerviosismo. '¿Te han llamado a ti?', es la pregunta que más se escucha en los corrillos estos últimos días.

'Continuidad y renovación'. Así resumió hace un par de semanas Esperanza Aguirre la filosofía que va a inspirar las listas de la Comunidad de Madrid. Y es que, a las dificultades clásicas de la elaboración de candidaturas de una formación, los conservadores de la capital se enfrentan al reto de limpiar las listas de implicados en el caso Gürtel. 'Hay que ser muy escrupulosos porque no podemos correr más riesgos', explican fuentes del partido.

De momento, la continuidad se impone en los cinco primeros puestos de la lista, que seguirán siendo ocupados, por este orden, por Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González; su consejero de Presidencia, Francisco Granados; su exconsejera de Medio Ambiente Beatriz Elorriaga; y la consejera de Educación, Lucía Figar.

Hueco dejan en la lista, por ejemplo, los ex diputados regionales Alberto López-Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco, imputados en el citado escándalo de corrupción y que abandonaron en su día el Grupo Parlamentario Popular, pero no el escaño.

Las filtraciones del top ten de la candidatura a la Cámara regional han generado cierto malestar en la dirección nacional. No en vano, es el Comité Electoral Nacional el que tiene la última palabra. 'En este caso Aguirre no está actuando con la misma disciplina que ella ha aplicado' en las listas de los 178 ayuntamientos que conforman su comunidad.

Fuentes del partido en la Asamblea aseguran que los consejeros del Gobierno de Aguirre tendrán un puesto en la lista, al igual que muchos de sus alcaldes. Y no descartan la incorporación de Irene Villa, víctima del terrorismo, cuya visita a la Cámara regional disparó los rumores hace unas semanas.

Uno de los principales misterios es la posición en la que queden los concejales aguirristas del Ayuntamiento de Madrid. Los mismos que solicitaron la expulsión del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, como portavoz del Grupo Popular del consistorio cuando fue suspendido de militancia tras arremeter contra Aguirre. Fuentes del partido aseguran que algunos de ellos podrían aspirar a escaño. Sería el caso de Íñigo Henríquez de Luna.

Las mismas fuentes insisten en que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y Aguirre podrían haber llegado a un pacto por el que se han comprometido a no imponer ni bloquear candidatos.