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La "rapidez" de la Justicia en el 'caso de los espías' irrita al Gobierno de Aguirre

"Es uno de los récords mayores de la actuación rápida de la Justicia", ironiza el número dos de la Comunidad

YOLANDA GONZÁLEZ

La reapertura del caso sobre supuesto espionaje a miembros del PP a cargo de expolicías y ex guardias civiles a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre ha caído como un jarro de agua fría en la sede del Ejecutivo regional. Ayer, su vicepresidente, Ignacio González, no lo pudo disimular. Y aunque intentó plagar su discurso de menciones relativas a que la Comunidad de Madrid respeta las resoluciones judiciales, el mensaje que más caló fue el de la sorpresa por el contexto en el que, a juicio del equipo de Gobierno de la presidenta, se ha producido la reapertura del caso. El argumento de la conspiración de los jueces contra el PP no es nuevo para esta formación.

"No es habitual que se produzca una resolución tan rápida y tan compleja basándose en un único recurso, el del PSOE", resumió el vicepresidente madrileño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sólo 24 horas antes, la Audiencia Provincial había reabierto el caso al apreciar "indicios suficientes de la comisión de delito de malversación de caudales públicos".

El PP carga contra la ponente por ser hermana de una ex diputada socialista

El que el vicepresidente madrileño calificó como "uno de los récords mayores de actuación rápida de la Justicia" arrancó el 29 de febrero de 2009 con la denuncia del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, supuesto espiado.

La primera acusación de González fue a parar contra la ponente del auto, la magistrada Luz Almeida Rebollo.

Obvia que el auto lo firman, además, dos de los jueces del caso Bono'

"Sorprende que después de un año y medio de instrucción, una abogada socialista designada temporalmente para el ejercicio de esa función haya decidido reabrir la instrucción, además, en un tiempo record". Luz Almeida Castro es hermana y compañera de despacho de Cristina Almeida, exdiputada del PSOE.

"Desde que se la designa ponente hasta que se ha producido el fallo han pasado menos de 15 días. En 14 días se designa a la ponente, la ponente hace su propuesta y el tribunal falla", prosiguió la mano derecha de Esperanza Aguirre.

Lo que González obvió en su línea argumental y después no quiso valorar preguntado hasta en tres ocasiones fue que el auto que reabre el supuesto espionaje a Prada y Cobo no sólo está firmado por Almeida, que ejerce de ponente. A su rúbrica, se suman las de Miguel Hidalgo y Rosa Rebollo. Ambos integraron el tribunal que juzgó y dictó la sentencia que condenó a los policías del caso Bono. Hidalgo, expolicía, actuó como ponente.

El TSJM defiende la competencia de la magistrada Luz Almeida

Esta resolución, después revocada por el Tribunal Supremo, recibió los halagos de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre llegó a destacar su "enorme importancia" al ser la primera vez en la historia de la España democrática en la que se condenaba a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por detención ilegal de unos militantes de un partido democrático.

Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió una nota informativa en la que aclaraba que Almeida puede ejercer plenamente sus competencias como sustituta durante este año, de acuerdo con una medida adoptada por el Consejo General del Poder Judicial.

La reacción del tribunal fue interpretada como una respuesta al PP, que insiste en que Almeida fue designada magistrada ponente para el ejercicio 2009-2010, por lo que en el momento de dictarse el auto sobre los espías no tendría competencia. La estrategia del PP podría pasar ahora por plantear un incidente de nulidad porque la magistrada estaría, a su juicio, vinculada a una ideología política contraria. Así lo aseguró ayer a Europa Press Juan Ramón Montero, abogado del partido.

Ignacio González, que confió en que el caso se archive "por tercera vez" se sumaría a los archivos del juez y de la Fiscalía, insistió hizo hincapié en que la reapertura del caso parte de "un sólo recurso", el de los socialistas madrileños.

A día de hoy podrían existir tres recursos si la dirección nacional del PP no hubiese obligado a Cobo y Prada a retirar sus demandas contra el archivo de la causa. Ambos lo hicieron por "disciplina de partido", pero no porque consideraran que no habían existido los seguimientos. Ahora, una de las claves está en ver el papel que jugarán ambos dirigentes del PP en la reapertura del proceso.

Los presuntos seguimientos están fechados en los meses de abril y mayo de 2008, en una etapa en la que Esperanza Aguirre mantenía una posición crítica con el líder del PP, Mariano Rajoy. Por contra, Cobo y Prada fueron dos de los apoyos con los que contó Rajoy en los meses previos al XVI Congreso Nacionalde su partido.

El auto hecho público el miércoles observa indicios suficientes de que se produjo el espionaje. Y que los exagentes contratados por la Consejería de Interior, en manos de Francisco Granados, desempeñaban sus funciones en la Administración. "Gozaban de una nómina mensual durante el tiempo en que se realizaron los seguimientos".

González no respondió a la pregunta de si Aguirre o Granados van a asumir responsabilidades políticas, como demandan PSOE e IU, por este escándalo. Prefirió insistir en la "sorpresa" que en la Comunidad ha causado la reapertura y los tiempos de la Justicia. Pero no supo aclarar cuál es, a juicio de la Comunidad de Madrid, el que debería ser el plazo mínimo razonable para conocer un recurso.

Pese a las dudas que el auto pone de manifiesto sobre el archivo de la causa, González aseguró ayer que el Ejecutivo madrileño "da por buena" la comisión de investigación celebrada en la Asamblea de Madrid, con mayoría del PP, que concluyó exculpando al Gobierno regional.

El vicepresidente pidió prudencia a los socialistas a la hora de realizar acusaciones al PP. En este sentido recordó que la número dos del PSM, Trinidad Rollán, está condenada por prevaricación.

Por su parte, el alcalde de Madrid, jefe de Cobo, evitó ayer pronunciarse al respecto: "Deben ser los tribunales los que se pronuncien y no los políticos", aseguró en declaraciones a la cadena Cope.

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