Tomás Jover y Petra García, los colaboradores de Global Infantil que denunciaron al presidente y fundador de la ONG, Gil Lossada, por maltrato y abuso de menores, ratificaron ayer su querella ante el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista.

A su salida de los juzgados, Jover criticó que todavía no se haya relevado de su puesto al máximo responsable de la organización. Después de todas las personas que han corrobodado su denuncia, “Lossada no puede seguir teniendo esa responsabilidad”, criticó.

Respaldo de 11 cooperantes

En relación al resto de cooperantes que forman parte del grupo acusador, el matrimonio aseguró: “Somos 13 los que estamos denunciando esto pero también hay ex trabajadores y niños que se han escapado del centro y han prestado declaración” en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en Etiopía.

Las otras 11 personas proceden de distintos puntos de España –desde Canarias hasta Navarra– y “han pasado por el centro de Gil Lossada en distintas épocas, por lo que no nos conocíamos de nada”, aseguró Jover. El cooperante respondió así a las declaraciones del presidente en las que tildaba el proceso de “conspiración”.

En este sentido, se mostró convencido de que van a ser mucho más útiles y “evidentes” los testimonios que aporten los propios niños y los trabajadores del centro de acogida que los suyos porque el matrimonio estuvo una semana en Etiopía y sólo pudo apreciar “la punta del iceberg”.

El cooperante también señaló que según las informaciones que él maneja el gobierno etíope “está al corriente y está investigando a fondo” lo relacionado con el centro que Global Infantil tiene en la capital de Etiopía, Addis Abeba. Aún así, aseguró que las últimas noticias que tienen señalan que Gil Lossada “sigue en el centro”.

España apela a la prudencia

La AECI espera la futura resolución judicial, pero mantiene las medidas tomadas hace unos días, cuando abrió un expediente a la ONG, interrumpió su asistencia financiera y solicitó la sustitución provisional de Gil Lossada mientras durase la investigación de las posibles irregularidades y abusos denunciados.

El presidente de la ONG asegura que entonces devolvió los 140.000 euros con los que la AECI había financiado sus proyectos “como acto de buena fe”.