El retraso en el pago de las facturas a las farmacias catalanas por parte de la Generalitat ha agravado la situación de muchos farmacéuticos que ya hace tiempo claman contra los planes de ajuste de la Administración para contener la crisis. Ayer, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya y la Federación de Asociaciones de Farmacias presentaron un informe según el cual 988 oficinas (de las 3.067 que hay en Catalunya) se encuentran en situación de impago, ya sea por devolución de facturas o por aplazamiento de la deuda.

Entre todas las farmacias deben 42 millones de euros, una suma que de momento están asumiendo los proveedores porque los bancos tampoco quieren dar créditos al sector. Los progresivos recortes aplicados por el Gobierno central en los últimos dos años se han abaratado un 30% los genéricos y se ha rebajado hasta el 15% el margen de beneficio por medicamento han supuesto que el 9% de las farmacias catalanas tengan comprometida su viabilidad económica, o lo que es lo mismo, que una de cada diez farmacias no pueda garantizar el salario mínimo de un farmacéutico (1.600 euros mensuales).

El conjunto del sector debe 42 millones a bancos y proveedores

Además, el retraso en los pagos ha llevado a 40 boticas de Catalunya a concurso de acreedores, según un estudio realizado por la federación de farmacias. Desde el pasado agosto la Generalitat paga a las farmacias con un retraso de 80 días, y no a los 35, tal y como está establecido. Esta demora conllevará que las farmacias, en conjunto, deban abonar nueve millones de euros al año en concepto de intereses por mantener el servicio.

Los farmacéuticos aseguran estar hartos de tener que pagar las consecuencias de la crisis y desde ayer han puesto en marcha una protesta que consistirá en mantener las luces de la cruz encendidas durante 24 horas toda una semana. 'Lo que no queremos es perjudicar a los usuarios', remarcó Jorge de Dalmases, presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos.

Esta situación de impagos se reproduce también en otras comunidades autónomas. El caso más flagrante es el de Castilla-La Mancha. Desde la entrada en mayo del nuevo Gobierno del PP, la comunidad debe a las farmacias 125 millones de euros, un impago que conllevó el cierre generalizado de oficinas el pasado agosto en señal de protesta. En Murcia, las farmacias cobran las facturas a través de Cajamar y Cajamurcia.