La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer la esperada nueva estructura organizativa del consistorio. Esperada, porque es lo que toca en tiempos de crisis, máxime si se trata del municipio más endeudado de España, superando los 7.000 millones de euros. El de Madrid acapara por sí solo el 25% de la deuda de los 8.116 ayuntamientos españoles.

La poda que aplicará el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en esa estructura supone suprimir el área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos; fusionar el Patronato de Turismo y Promoción Madrid; acabar con 15 altos cargos de un total de 123 y rescindir los contratos de 62 trabajadores eventuales o cargos de confianza de un total de 309. En términos de ahorro, con esta nueva organización el equipo del regidor municipal ha calculado un ahorro de más de nueve millones al año, lo que supondría un 0,2% del Presupuesto del consistorio que, para 2011, es de 4.500 millones.

El plan de ajuste no toca a ninguno de los 31 cargos que cobra más de 90.000 euros

Para lo que queda de 2011, es decir, de julio a diciembre, las cifras facilitadas ayer hablan de una reducción del gasto superior a los 4,5 millones de euros (el 0,1% del Presupuesto).

En el equipo del alcalde reconocen que estas medidas, sumadas a otras ya anunciadas hace un par de semanas, como la reducción de los coches oficiales, suponen un ahorro que no llega ni al 1% del Presupuesto. Es decir, que poco ayudarán a paliar la gigantesca deuda de Ruiz-Gallardón. Pero también sostienen que la mayor poda llegó cuando se aprobaron los Presupuestos para 2011 y se redujo la dotación en un 8,9% respecto a 2010.

El Ayuntamiento volverá a pedir la refinanciación de su deuda

La nueva estructura de Gobierno no afecta al núcleo de poder del Ayuntamiento más allá de la desaparición del área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos. Su exresponsable, Paz González, pasa ahora a ser presidenta del pleno del ayuntamiento, por lo que seguirá cobrando los más de 90.000 euros anuales que percibía desde 2004. Lo mismo ocurre con otros 30 cargos del Ayuntamiento repartidos entre titulares de áreas de Gobierno, responsables de áreas de coordinación y presidentes de distrito.

A estas cifras, habría que sumar los más de 100.000 euros anuales que se embolsa el alcalde. Su sueldo está equiparado al de un secretario de Estado que, según los Presupuestos Generales del Estado, es de 67.000 euros. Una cifra, que según fuentes del Ayuntamiento 'induce a interpretaciones erróneas' puesto que no incorpora todos los conceptos retributivos.

Pese a que en un primer momento, en plena campaña, se especuló con la reducción del número de distritos de Madrid agrupándolos algo que habría contribuido también a la reducción de gastos la decisión de Ruiz-Gallardón ha sido la de mantener esta estructura prácticamente intacta.

Reconocido por el propio Ayuntamiento que sus planes de austeridad, y los de la mayor parte de los consistorios y comunidades, sirven de poco para paliar la deuda por sí solos, todo se fía ahora a un plan Económico Financiero y a un Plan de Saneamiento. Se trata de unas herramientas a las que obliga el Ministerio de Economía y Hacienda a los municipios que superan determinado volumen de deuda. Serán aprobados por el próximo pleno y tienen la finalidad de reducir la deuda en 1.351 millones de aquí a 2015. Si se toma como referencia los 6.453 millones de euros de deuda con los que cerró el ejercicio de 2010, el porcentaje de reducción roza el 21%.

Pero en esto, el Ayuntamiento no las tiene todas consigo. Porque estos dos planes, desgranados ayer a la prensa por Juan Bravo, responsable municipal de Hacienda tienen trampa. Y no serán posibles si el Gobierno central no modifica el artículo 49 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En la práctica, el Ayuntamiento no podrá reducir la deuda comprometida en estos planes si antes no consigue que la ley le permita 'la refinanciación total o parcial de las amortizaciones previstas en el ejercicio'.

Es decir, la misma petición con la que Ruiz-Gallardón se presentó en la Moncloa en diciembre de 2010 y a la que el presidente del Gobierno dio un no rotundo al entender que sería discriminatorio con el resto de ayuntamientos que sí habían hecho sus deberes.

Bravo reconoció no haber hablado todavía con el Ministerio para conocer su opinión. E insistió en que la medida no sólo beneficiaría a Madrid, sino al resto de los municipios. Y en que, de este modo, se acabaría con la discriminación de trato que sufren los ayuntamientos respecto a las comunidades y al propio Estado.

Sin plan B, el as en la manga del consistorio es que si el PP llega al Gobierno central cambie la ley. Creen que será posible porque el partido lo llevará en el programa.