Este artículo se publicó hace 13 años.
Los recortes sociales, en primera persona
Algunos de los ciudadanos que ya han sufrido en sus propias carnes los ajustes narran su experiencia
El Estado del bienestar, que garantiza el acceso universal y en igualdad de condiciones a servicios básicos como la sanidad o la educación públicas, libra actualmente una batalla por su propia supervivencia.
La crisis económica ha tenido entre sus consecuencias la caída de la recaudación y enormes tensiones presupuestarias, lo que ha generado el escenario ideal para que desde los sectores neoliberales se hable de quiebra estructural del sistema y se plantee como inevitable la irrupción de la iniciativa privada, así como de fórmulas que rompen la equidad como los copagos.
Mientras, los gobiernos autonómicos conservadores que hasta el momento han tomado medidas contra el déficit en áreas como sanidad, educación o dependencia lo han hecho tan sólo en una dirección: la reducción de costes a través de recortes en servicios y personal y de impagos a proveedores y usuarios. La propia estructura del sistema de financiación autonómica, que no garantiza unos fondos de naturaleza finalista para asegurar la calidad de los servicios básicos, hace más fácil tomar el camino de los recortes que el de buscar nuevas vías de ingresos para un sistema público cada vez más desprestigiado.
Los casos más claros hasta ahora son los gobiernos de CiU en Catalunya y del PP en Castilla-La Mancha y Madrid, entre otros. En estas autonomías, los ciudadanos han empezado a sufrir en sus propias carnes las consecuencias del debilitamiento del Estado del bienestar.
En Catalunya, profesionales y usuarios de la sanidad han visto recortarse un servicio público hasta ahora considerado puntero en España y Europa, mientras que en Castilla-La Mancha farmacéuticos y dependientes tratan de salir adelante pese a los impagos de la Junta y en Madrid la educación pública pasa por sus horas más bajas tras perder a unos 3.000 profesores.
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