La reducción de abortos se mantiene con la nueva ley

El aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación no ha disparado el número de interrupciones voluntarias del embarazo, como auguraron el PP y los grupos ultracatólicos. Al contrario, en 2010, cuando la ley entró en vigor, el número de intervenciones descendió alrededor de un 2%, según los datos de las autonomías, a los que ha tenido acceso este periódico. El declive ya empezó en 2009, cuando las interrupciones descendieron un 4% respecto a 2008.

En Andalucía, Madrid, Catalunya y el País Valencià, las cuatro comunidades autónomas más representativas, se realizaron en 2010 un total de 80.321 abortos, un 1,9% menos que el año anterior. En 2009, estas autonomías sumaron 81.839 interrupciones de embarazos, un 73% de las 111.482 que se realizaron aquel año en todo el Estado.

Catalunya registró un descenso del 6,7% en el número de intervenciones

Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) eleva la cifra y calcula que el año pasado sus centros realizaron alrededor de un 5% menos de abortos. Su presidente, Santiago Barambio, apunta que el descenso se debe a "una combinación de factores demográficos y mejoras en la educación sexual y reproductiva".

Además, Barambio recuerda que el número de mujeres en edad reproductiva ha descendido en el último año. En concreto, en 2010 había 99.244 mujeres de entre 15 y 44 años menos que en 2009, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este médico reconoce la influencia del mayor uso de los métodos anticonceptivos en el descenso de los abortos, pero recuerda que aún queda mucho por hacer.

De hecho, si bien Sanidad aprobó vender desde septiembre de 2009 la píldora del día después sin receta médica y hace unos meses incluyó en su cartera de servicios varios anticonceptivos hormonales de última generación, tal y como determina la Ley del Aborto, la educación sexual en la escuela es una asignatura pendiente. El curso pasado, que arrancó en septiembre, dos meses después de que la norma entrara en vigor, las consejerías de Educación y Sanidad no consensuaron los contenidos a impartir. Este año, el debate ni siquiera ha estado sobre la mesa.

La norma ha hecho aumentar las interrupciones en centros públicos

Catalunya, con la tasa de abortos más alta del Estado en 2009 (16,10 por cada mil mujeres), ha registrado el descenso más notorio del volumen de intervenciones, un 6,7%, según la Generalitat. En 2010 registraron 24.305 abortos, frente a los 26.046 del año anterior. Esta cifra incluye los abortos hechos a mujeres residentes en otras autonomías. Pero incluso si estas se extraen del cómputo, el descenso de abortos ha sido idéntico.

Los datos de Catalunya ponen de manifiesto que la Ley del Aborto, como pretendía, incidió en el número de abortos realizados en los hospitales públicos. Aunque siguen siendo minoría, se han incrementado ligeramente, del 2,9% al 3,2%. Además, el aumento de intervenciones en centros públicos es especialmente notorio en Extremadura, donde se ha disparado un 538% (de 84 intervenciones a 536). En Balears, los centros públicos hicieron un 15% más de abortos (de 123 a 157). Estas dos autonomías sólo han facilitado a este periódico el número de abortos de sus hospitales. A estos hay que sumar los de las clínicas concertadas.

La educación sexual en las escuelas sigue siendo la asignatura pendiente

El País Valencià también experimentó el año pasado un descenso de abortos: pasó de 10.916 en 2009 a 10.626, un 2,65% menos. Un total de 280 de estas intervenciones se realizaron a mujeres residentes en otras comunidades autónomas. Los datos recogidos por la Generalitat Valenciana revelan que en el segundo semestre del año, cuando entró en vigor la Ley del Aborto, fueron intervenidas menos mujeres que en los seis meses anteriores. De enero a junio se hicieron 5.578 abortos, 530 más que de julio a diciembre.

En Madrid, la cifra de abortos en 2010 apenas varió respecto a 2009. El año pasado se interrumpieron 24.451 embarazos, un 0,48% (118) más que en 2009. Estos datos también incluyen a las mujeres de otras autonomías que acudieron a centros madrileños, un total de 4.360.

Por otra parte, en Andalucía, el número de abortos subió en 2010 un 1,92%. El año pasado se realizaron 20.939 intervenciones, frente a las 20.543 de 2009. Murcia, la segunda autonomía con una tasa más elevada de abortos (14,99 por cada mil mujeres), registró un 0,23 más de abortos en 2010 que en 2009: 4.753 y 4.742, respectivamente. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha explican que el dato de abortos en la región se ha mantenido estable de 2009 a 2020.

Las autonomías han enviado estos datos al Ministerio de Sanidad para que elabore el informe estatal de interrupciones voluntarias del embarazo, que se hace público un año después del fin de cada ejercicio. Los datos de 2010 tienen especial interés porque en julio de ese año entró en vigor la nueva Ley del Aborto, que permite la interrupción libre del embarazo en las primeras 14 semanas y por riesgo grave para la salud de la madre y el feto, hasta las 22.

Desde las clínicas que practican abortos, Barambio destaca que en 2010 descendió el número de mujeres que acudieron a abortar en un estado de gestación de hasta 12 semanas. "En general, se trata de mujeres que se han quedado embarazadas por un imprevisto", explica.

En cambio, han aumentado las intervenciones entre las 13 y las 21 semanas, que, según Barambio, corresponden "a mujeres que sí querían estar embarazadas pero tuvieron que abortar" porque el feto presentaba problemas.

El descenso en el número de abortos en el año 2010 rompe los argumentos del PP, que ha avanzado que si gana las elecciones modificará la ley en vigor. Los conservadores pretenden volver a la regulación de 1985, cuando se despenalizó el aborto en determinados casos. La norma resultó ser un coladero. En los ocho años en que gobernó José María Aznar, una de las voces más críticas del PP contra la despenalización del aborto, se realizaron más de 500.000 abortos en España. El PP mantiene su recurso contra la norma en el Tribunal Constitucional, que desestimó paralizarla de forma cautelar.