La reforma impulsada por el presidente del Gobierno para blindar en la Constitución una regla que limite el déficit público ha sembrado de desconcierto al PSOE, que desechaba hasta ahora la fórmula, acuñada por Alemania y anhelada por gobiernos conservadores como los de Francia o Italia.

La iniciativa de Rodríguez Zapatero ha cosechado paradójicamente más entusiasmo en el PP que en el PSOE, donde ha abierto una brecha de desarrollo imprevisible y enturbiado el día a día entre el Gobierno y el candidato socialista a la Presidencia, fluido hasta ahora.

Rubalcaba se reúne con Alonso para impulsar su sello a la reforma

Alfredo Pérez Rubalcaba no comparte la necesidad de esta modificación constitucional. Nunca lo ha hecho y ahora tampoco, admite su entorno. 'No nos podemos pillar los dedos', justificó ayer sus reparos protegido tras la puerta cerrada del encuentro que mantuvo con medio centenar de ciudadanos para engrasar su programa electoral.

Sacralizar en la Constitución un mandato de estabilidad presupuestaria como adelantó ayer Público, la reforma limitará a partir de 2018 al 0,40% del PIB el déficit en el que puede incurrir cada año el Estado equivale, según sus detractores, a atar de manos a un Gobierno en su capacidad de financiar políticas sociales.

Por eso, el candidato ha comunicado a su equipo su voluntad de tratar de 'desmarcarse progresiva y sutilmente' de la iniciativa, según revelaron fuentes de la dirección socialista. Rubalcaba ya estableció una primera distancia el mismo día en el que Zapatero anunció la idea. 'Me convenció anoche, cuando me dijo que tenía un acuerdo con Rajoy', admitió el candidato socialista el martes. La reforma 'no supondrá ningún recorte social; lo importante es la letra pequeña', amplió ayer Rubalcaba su matiz crítico.

El candidato quiere desmarcarse de la idea de forma 'progresiva y sutil'

Siguiendo al detalle su negociación parlamentaria, el candidato se reunió ayer por la tarde con el portavoz socialista, José Antonio Alonso, para trasladarle dos peticiones que atenúen el estupor que la iniciativa despierta en un amplio sector del PSOE.

Rubalcaba pidió a Alonso que la discusión política se abra a CiU e IU, 'como mínimo', al haber apoyado ambas formaciones la Constitución de 1978, para perseguir el mismo consenso, y pidió que la fórmula que se adopte finalmente sea 'flexible al máximo' y establezca garantías suficientes sobre los elementos medulares del Estado del bienestar.

Varios diputados socialistas apoyan la celebración de una consulta

El portavoz socialista de Presupuestos, Francisco Fernández Marugán, escolta a Alonso en la negociación. Cristóbal Montoro y la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, integran el equipo del PP.

Mientras las direcciones parlamentarias buscan un acuerdo, Rubalcaba trata de imprimir sello propio a una iniciativa ajena, sabedor de la imposibilidad de dar marcha atrás a la idea. Lo supo, reconocen los suyos, cuando Zapatero le confirmó, poco antes de hacerlo público, el apoyo explícito de Mariano Rajoy a la iniciativa. Asumido el trago, el candidato actuará ahora 'con responsabilidad' como diputado y distancia como aspirante a la Ptresidencia, según explica su equipo.

Otros dirigentes socialistas comparten los reparos que Rubalcaba invoca entre líneas. A voces habitualmente críticas como la de Izquierda Socialista (IS), se han sumado dirigentes menos dados a saltar la ortodoxia oficial.

El lehendakari, Patxi López, con el peso que le da ser uno de los dos presidentes autonómicos que le quedan al PSOE, emplazó a leer el detalle de la futura modificación y advirtió de que una reforma de este tipo 'no puede ser un corsé que impida, en tiempos de crisis, políticas para la recuperación o tener recursos para sostener las políticas sociales'.

'Será una reforma aprobada por las Cortes, pero con una mayoría social en contra. Yo el primero', acentuó su rechazo el líder del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. 'Si hay alguna razón para que no sea sometida a referéndum, hay que explicarla. Si no, nadie lo entenderá', insistió Vara invocando una queja extendida entre los dirigentes críticos: la ausencia de explicaciones a la reforma.

Varios diputados del Grupo Socialista ampliaron esta ola crítica. Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO, confirmó lo que había adelantado un día antes a este diario: votará en contra de la reforma. 'Así no quiero seguir', confesó a Europa Press, mostrando tajante su rechazo a incluir un tope para el déficit en la Constitución. 'Es una auténtica barbaridad; el último trabajo sucio al PP', lamentó Gutiérrez, que no milita en las filas del PSOE.

José Antonio Pérez Tapias, diputado por Granada y miembro de IS, colgó en su web un análisis de título revelador: El presidente, desnudo, partiendo de la confidencia que Zapatero deslizó en el Congreso al proponer la reforma: 'No va a arreglar el desempleo ni la crisis, pero es un buen camino'.

'El camino sólo apunta a intentar una vez más tranquilizar a los mercados. Tan impotente confesión no arroja más revelación que ver al presidente desnudo de argumentos para defender con buenas razones una reforma calificada por muchos como exprés. Lo malo es que, quedando desnudo el presidente, con él nos vemos todos así, los diputados del PSOE y el Partido', escribió en su bitácora.

'Es una reforma ideológica. Si cualquier reforma de la Constitución requiere un debate sereno, una de esta naturaleza más aún, y no cabe plantearla de repente, a instancias de Alemania y la derecha europea', se anticipó el diputado socialista por Madrid Manuel de la Rocha.

'Mis ideas me hacen reflexionar profundamente sobre algunas decisiones', apuntó Yolanda Casaus, representante socialista por Teruel. Lourdes Muñoz, diputada por Barcelona, se comprometió a 'reflexionar sobre el fondo y las formas' de la idea, cuya puesta en escena criticó Meritxell Cabezón también diputada del PSC. Fátima Aburto, parlamentaria por Huelva y Carlos González Serna diputado por Alicante reclamaron un referéndum, alimentando la cascada de recelos agitada en las filas socialistas.

'Espero que el resultado del voto conduzca a la necesidad de un referéndum', coincidió el ex ministro Josep Borrell, apartado de la primera línea política tras presidir el Parlamento Europeo. Borrell se dijo 'muy sorprendido' por el cambio de opinión del Gobierno.

Como cortafuegos, los dos vicepresidentes de Zapatero reivindicaron el planteamiento del jefe del Ejecutivo. Elena Salgado, responsable de Economía defendió que la reforma es 'una decisión autónoma, no obligada por Francia y Alemania y serenará a los mercados'. Manuel Chaves, vicepresidente territorial, calificó la iniciativa de 'acertada y necesaria'. Ayer, en las filas del PSOE, fueron más los críticos o silentes, que los defensores de la propuesta.