El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha tenido que emplear a fondo para rebatir con datos la enrocada posición del PP respecto a la Ley del Menor. Los conservadores aprovecharon el caso de la menor asesinada en Seseña para pedir una reforma que endurezca la legislación vigente y acusar al ministro de 'inmovilismo' ante los crímenes cometidos por menores. 

El Partido Popular pide rebajar a los 12 años la aplicación de la Ley del Menor 'porque nueve de cada diez menores que entran en el circuito de la ley terminan reinsertándose y no vuelven a delinquir', según asegura su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso.  

Rubalcaba, por su parte, considera 'inoportuno' este debate y ha pedido al PP que le de 'una oportunidad' a la actual Ley del Menor, que ya ha sufrido 'cinco reformas desde 2000' y que fue 'endurecida en el año 2006'. Ante las exigencias de Alonso, el ministro ha propuesto crear 'una comisión de seguimiento' para ver cómo funciona la legislación. 

Además, el titular de Interior ha aportado datos concretos para asegurar que las comunidades autónomas, encargadas de aplicar la Ley, 'dicen que no va mal' y que se está consiguiendo una reinserción del 90% de los casos. 

También ha querido aclarar que los asesinatos de menores cometidos por menores 'son excepcionales y como tal se deben de tratar', añadiendo que 'este año sólo ha habido uno, el anterior ninguno y los anteriores uno'. 

Sin embargo, estos datos no eran suficientes para el portavoz del PP, quien exigía a Rubalcaba que 'reconozca que se está produciendo un aumento de los delitos más graves' por parte de menores. El conservador considera que los casos que se producen, cuatro o cinco a lo largo del año, son sólo 'la punta del iceberg' y ha exigido a los miembros del Ejecutivo que 'no sean sordos y no se dejen llevar por la soberbia'. 

'No ha aumentado la criminalidad juvenil, niego la mayor', ha respondido Rubalcaba, quien ha recordado que 'en España los menores cometen menos delitos que el año pasado y menos que el anterior'. El ministro ha pedido al PP que no aumente la alarma social, por la 'muy frágil línea que existe entre la solidaridad con las familias de las víctimas y el oportunismo'.